Otra tradición revolucionaria fue hecha a un lado en Cuba: una diputada votó "no" en el parlamento. Y no fue cualquier diputada, sino Mariela Castro, la hija del presidente Raúl Castro y sobrina de Fidel, quien levantó su mano para rechazar en la Asamblea del Poder Popular, el órgano legislativo, el proyecto de Código de Trabajo, pues sentía que no iba lo suficientemente lejos como para evitar la discriminación de las personas con identidades de género no convencionales o a los enfermos con VIH.
La votación se produjo en diciembre pasado a puertas cerradas y recién en julio un grupo activistas por la diversidad sexual comenzó a desarrollar paulatinamente una campaña que sacó finalmente a la luz en las últimas horas la actitud de Castro.
Ninguna persona consultada por la AP recuerda que un legislador del foro, cuyo pleno de 612 diputados se reúne dos veces al año para aprobar las leyes elaboradas por un puñado de funcionarios y que luego son discutidas en los miles de centros de trabajo, de estudio o vecinales, hubiera rechazado de plano una norma, las cuales suelen ser votadas por unanimidad.
"Es la primera vez, sin duda", dijo el ex diplomático y académico cubano Carlos Alzugaray, quien recordó por ejemplo una ley de seguridad social que, pese a ser muy cuestionada en los debates en la población, pues aumentaba la edad jubilatoria, no obtuvo ningún voto en contra en la Asamblea.
"Hay avances en la manera de discutir (las leyes y proyectos), sobre todo en el modo en que se discutió a nivel de base, de centro de trabajo, de grupos sindicales, de núcleos del Partido (Comunista)", señaló la hija del presidente en una entrevista realizada por el bloguero y periodista Francisco Rodríguez para su página "Paquito el de Cuba". "Creo que todavía se debe perfeccionar el mecanismo de participación democrática de las diputadas y diputados dentro de la Asamblea".
No es la primera vez que Castro desafía el estatus establecido o realiza declaraciones polémicas, mientras mantiene un firme apoyo al modelo cubano.
El Código de Trabajo aprobado prohíbe la discriminación laboral en base al género, la raza o la orientación sexual, pero no tiene ninguna mención a la condición de VIH o identidad de género por la que la propia diputada Castro había abogado en el Parlamento.
"Yo no podía votar a favor si no tenía la seguridad de que quedaran explícitamente reconocidos los derechos laborales de las personas con identidad de género diferente", explicó Castro en la entrevista al bloguero Rodríguez, un reconocido activista del movimiento gay cubano.
"Realmente hubiera querido votar a favor, porque creo que la ley es avanzada y refleja elementos muy importantes que recogen el sentir de nuestra población", agregó la legisladora.
Más Noticias
La Justicia confirma como accidente laboral ‘in itinere’ el resbalón que sufrió una trabajadora autónoma en su garaje cuando iba a trabajar
La mutua se quiso librar de pagar los costes derivados de su incapacidad temporal, alegando que su domicilio fiscal coincidía con la vivienda y no había un “traslado” efectivo al lugar de trabajo
Crean un registro para garantizar la atención médica de los monotributistas afectados por la baja de obras sociales
A través de la resolución 492/2026, se creó una nueva sección en el registro de agentes de salud para mantener la continuidad en la cobertura de los trabajadores autónomos
Cuatro de cada cinco personas que adquieren la nacionalidad española desde el extranjero no han nacido en España
El 73% de los 3.202.002 españoles que no residen en territorio nacional nacieron en otros países, con Argentina, Francia y Estados Unidos a la cabeza
El relato de un padre en medio de la protesta por discapacidad: “Empujaban la silla de mi hija”
El hombre participaba de la movilización frente a la Casa Rosada junto a su hija cuando se produjeron los incidentes con la Policía. Denunció falta de pagos desde octubre, cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las familias y los prestadores del sector
Andalucía pagará una indemnización de 1.2 millones de euros a los padres de un niño que nació con graves trastornos por “deficiencias médicas” en el parto
La demanda señala que el caso fue “consecuencia de una deficiente y negligente actuación por parte de los facultativos médicos”
