La empresa Calsa salió al cruce de versiones por despidos

La panificadora CALSA salió al cruce de distintas versiones que circulan sobre las causas de la desvinculación de trabajadores de su planta de Lanús, provincia de Buenos Aires.

A través de un comunicado, la compañía afirmó que "los empleados fueron despedidos ante un conflicto totalmente desproporcionado, iniciado por un grupo de trabajadores como consecuencia de la cesantía de tres empleados que incumplieron gravemente las normas de la empresa".

Los trabajadores desvinculados "pusieron en riesgo con su accionar, no sólo a la planta sino también a sus propios compañeros que manifestaron la intención de trabajar con normalidad", indicó Calsa, en respuesta a la paralización de la planta y el bloqueo del ingreso y egreso del establecimiento, "provocando desmanes, daños materiales y violencia entre los propios trabajadores".

La empresa expresó que radicó "diversas denuncias ante la justicia criminal por las cuales se da cuenta de agresiones verbales, intimidaciones, prohibición de acceder a la propiedad, restricción al ingreso y egreso de materia prima y vehículos y otras prácticas igualmente repudiables". Estas presentaciones se encuentran hasta la fecha a la espera de una resolución judicial que "garantice la integridad física de los empleados y funcionarios" de la empresa y preserve su libertad de trabajo.

Durante todo este tiempo CALSA planteó varias instancias de negociación para que los trabajadores depusieran su actitud y éstas no fueron aceptadas por una minoría de trabajadores, "quienes además redoblaron la apuesta y generaron un clima aún más agresivo", refirió el comunicado.

En las sucesivas audiencias de conciliación mantenidas en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, CALSA propuso reincorporar a la mayoría de trabajadores, instancia que fue rechazada sistemáticamente por el Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA).

"Esta situación no ha sido querida ni buscada por la empresa. CALSA es una compañía abierta al diálogo, que escucha los pedidos de sus trabajadores siempre que éstos se produzcan dentro de un cauce de normalidad, cuando las demandas sean razonables y no atenten contra la seguridad de los trabajadores y el desarrollo del negocio", continuó la nota.

Este proceso significó una demora y pone en riesgo el plan de inversiones por u$s30 millones planeado para los próximos tres años y cuya ejecución ya había comenzado.