El empresario fue secuestrado por una banda integrada por los ex uniformados Ignacio Báez, Roberto Ignacio Buletti, Héctor Rubén Galeano, José Benigno Lorea, Carlos Alberto Lorenzatti y Félix Roque Miera, quienes integraban un grupo que ya había cometido hechos similares durante la dictadura, en 1978 y 1982.
Tres de los condenados "se habían desempeñado en la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, encargada específicamente de la investigación de secuestros extorsivos y otros delitos complejos".
El cuerpo de Sivak fue hallado dos años más tarde en un descampado a unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires, y a su asesinato se lo vinculó con el de los empresarios Eduardo Roberto Oxenford, en noviembre de 1978, y Benjamín Neuman, en febrero de 1982.
"Los tres casos mencionados, pese a la distancia temporal entre ellos, fueron realizados por delincuentes de una misma banda -cuya conformación inicial no varió sino que se amplió en su número de miembros- que sustancialmente se valieron, para planificarlos y cometerlos, del conocimiento y la información adquirida y proporcionada por el ejercicio de la función específica como agentes de la Policía Federal, invocando, en ocasiones, potestades supuestamente inherentes o derivadas de esa condición", sostuvo el fallo.
El Estado nacional llegó hasta la Corte argumentando que "el hecho de que los autores de los ilícitos que dieron origen a la presente causa fueran policías no implica -per se- que exista responsabilidad civil de la Policía Federal Argentina en el caso".
"No hay alegación ni prueba circunstanciada alguna por parte de la Policía Federal que haya intentado demostrar, frente a los hechos consumados, que el ejercicio mínimo de su potestad de control y vigilancia sobre la conducta material de sus agentes haya resultado inerte frente a la conducta criminal por ellos desplegada, atentando contra el derecho a la vida de quienes previamente secuestraban con el objeto de extorsionar y pedir rescate a sus familiares", refutó el fallo.
La ratificación del resarcimiento económico a favor de la viuda de Sivak, Marta Oyhanarte, y sus hijas Camila, Analía, Malena y María, fue firmada por los jueces Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
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