Tras dos meses de peticiones por parte de la familia, el hospital John Peter Smith de Fort Worth (Texas, EE.UU.) accedió ayer a desconectar de un respirador artificial a Marlise Muñoz, una embarazada de 33 años con muerte cerebral, en respuesta a una resolución judicial.
Muñoz, una vecina de Haltom City (Texas) de 33 años, fue declarada con muerte cerebral el 28 de noviembre pasado cuando estaba embarazada de 14 semanas y tras haber sufrido una embolia pulmonar un par de días antes. Su esposo la encontró inconsciente el 26 de noviembre, posiblemente por un coágulo.
El caso no se hubiera extendido dos meses de no haber sido por las discrepancias entre la familia, que consideraba que la muerte cerebral de Muñoz y la afectación del feto eran irreversibles, y el hospital, que aseguró que, con la ley tejana en la mano, no podía desconectar a la paciente.
La familia llevó el caso ante la Justicia y el juez R.H. Wallace les dio la razón el pasado viernes: el hospital debía desconectar el cuerpo de Muñoz del respirador antes de hoy, lunes, a las 5 de la tarde hora local, porque el feto no estaba en condiciones para sobrevivir y la paciente había sido declarada en muerte cerebral.
El centro médico, que forma parte de un consorcio público, debatió este fin de semana si recurrir y finalmente anunció ayer que acataría la sentencia: "El hospital seguirá la orden judicial", subrayó el documento remitido a la prensa.
La familia informó a través de sus abogadas que la desconexión del cuerpo de Muñoz se llevó a cabo a las 11:30 hora local (14:30, hora argentina).
"El cuerpo de Marlise Muñoz fue desconectado del 'soporte (artificial) de vida' (...) Las familias Muñoz (la política) y Machado (de sangre) procederán ahora con la dura tarea de que Marlise descanse en paz y llorar por la pérdida que han sufrido", detallaron las abogadas Heather L. King y Jessica H. Janicek en un documento remitido a la agencia EFE.
El caso de Muñoz reabrió el debate en los EEUU sobre los límites entre el fallecimiento y la muerte clínica, también entre los partidarios de morir dignamente y los grupos contrarios al aborto.
La amiga del matrimonio Muñoz, Brianna Willuhn, que creó una campaña de apoyo a los familiares para sufragar los gastos del proceso judicial, sostuvo que estos dos meses fueron muy duros para los allegados de Marlise y que, a partir de ahora, su muerte debe pasar a ser un asunto estrictamente íntimo.
Por contrario, uno de los organizadores de las protestas en contra de la familia, Troy Newman, cree que se ha "deshumanizado" el caso: "Ella no es un cuerpo, es una persona con un feto vivo en su interior, y este desenlace es una violación en toda la cara de la ley", declaró desde Fort Worth, adonde viajó para manifestarse.
La familia defendió desde el primer momento que Marlise fuera desconectada tanto por su opinión favorable como por la de la propia paciente, profesional de la sanidad, habría hecho explícita en conversaciones sobre el tema en vida.
Erick y Marlise Muñoz eran médicos de emergencias y él afirmó que su esposa le había dicho que no quería que la mantuvieran con vida bajo estas circunstancias.
El hospital, en cambio, defendió aplicar la ley tejana, que como en otros estados del país no permite retirar el soporte artificial del pulso vital a embarazadas, algo que el juez descartó al no tratarse de una mujer viva (como pasa en casos de coma o estado vegetativo), sino declarada ya muerta.
"Desde el principio, el centro ha dicho que su función no era impugnar la ley sino seguirla", aclaró ayer el hospital en un comunicado, en el que sostuvo que las "últimas ocho semanas han sido difíciles" para la familia de la paciente, los médicos y la comunidad de la zona.
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