Julio Alak y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, expusieron durante casi cuatro horas en el Senado ante la Comisión Bicameral de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial sobre las modificaciones que realizó el kirchnerismo al proyecto original, elaborado por una comisión que encabezó el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, junto a su par Elena Highton y la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci.
El ministro calificó como "una deuda con la democracia" la ley oficial que propone unificar y reformar los Códigos Civil y Comercial y pidió "desdramatizar" la discusión. Indicó que desde su cartera se realizaron más de 10.000 observaciones al texto y remarcó: "Ha habido un control de la técnica legislativa".
Alak señaló que uno de los motivos que llevaron a impulsar el nuevo código tiene que ver con "un nuevo ordenamiento jurídico institucional de Argentina que se adoptó en 1994 con la reforma constitucional y la incorporación de nuevos tratados internacionales". Mencionó también "los cambios sociales y culturales que han venido modificando a nuestra sociedad en las últimas décadas" como otro de los fundamentos por los cuales se promovió la reforma.
Por la presencia de Alak y Álvarez, la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto que regula la responsabilidad del Estado pasó a un cuarto intermedio con el fin de que los legisladores de la bicameral asistan al Senado.
En el curso del debate sobre el proyecto que envió el Poder Ejecutivo la oposición manifestó su rechazo a que la norma no esté incluida en el nuevo Código Civil, pese a que la comisión de juristas que redactó el anteproyecto así lo había dispuesto. El Gobierno consideró que la responsabilidad del Estado debe dirimirse bajo el fuero de lo contencioso administrativo y no en el ámbito civil.
Una de las diputadas que se manifestaron en contra del proyecto fue Elisa Carrió. Su preocupación, dijo, radica en que, al ser resuelto el conflicto bajo el fuero contencioso administrativo, cada provincia tendría la potestad de fijar si hay daño o hasta el monto de la reparación económica del mismo.
"Invitamos a adherir a las provincias. Si mañana se sanciona esto, la provincia de Buenos Aires puede sacar una ley aduciendo que no hay reparación del daño o que el monto es 10 mil pesos. Le da la potestad a cada una de las provincias de decidir por la acción irregular, y esto es una locura", explicó.
La defensa de Alak
Pese a que algunos dirigentes dejaron trascender que el oficialismo estaba dispuesto a admitir modificaciones, Alak hizo esta tarde una enérgica defensa de su posición de la responsabilidad del Estado.
"Los fallos de la Corte establecen la responsabilidad del Estado en el ámbito del Derecho Público y en el ámbito del Derecho Administrativo", sentenció Alak "porque -señaló- si la ponemos en el derecho privado van a haber quienes van a querer interpretar que la responsabilidad pública es mucho más amplia, y eso sería vulnerar la autonomía provincial".
Al respecto añadió que, de incluir la
responsabilidad en el derecho civil, "los factores de poder económico van
a ir a buscar lucro cesante contra las provincias argentinas, contra los
municipios, contra el Estado Federal aplicando normas del derecho civil mucho
más amplias contra el Estado, de una manera mucho más poderosa".
"El Código se expande a todo el país, por lo que incluir en él la responsabilidad del Estado sería una afectación clara y contundente del federalismo. Sería posibilitar que una cuestión de la provincia de San Luis sea juzgada por el Código Civil Nacional", explicó.
La oposición, firme
A los bloques antikirchneristas las explicaciones de Alak no los conformaron. "Nosotros no decimos que se trata de una norma del derecho privado, claro que se trata de derecho público, pero esta norma debería estar contenida en el derecho de fondo porque tiene que estar igualada en toda la República", se quejó el radical Ricardo Gil Lavedra.
Por el lado del PRO, Pablo Tonelli advirtió que "el ministro explicó que el proyecto de ley se funda en la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero es curioso que los integrantes de la Corte hayan incluido tres artículos referidos a las responsabilidades del Estado".
La Bicameral pasó a un cuarto intermedio y la discusión continuará mañana a las 11. El oficialismo buscará entonces dar dictamen favorable al proyecto para llevarlo al recinto y no aceptaría nuevas modificaciones.
El proyecto
El proyecto, que ingresó la semana pasada a la
Cámara baja, regula las demandas que un particular puede ejercer por actividad
o inactividad del Estado si se vieran afectados sus intereses "en armonía
con los intereses públicos".
Prevé en su artículo primero que "las disposiciones del
Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera
directa ni subsidiaria" y agrega que "la sanción pecuniaria
disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios".
El texto incluye, además, nuevas regulaciones en materia de matrimonio, divorcio, contratos prenupciales, adopción, fertilización asistida y fecundación post mortem, entre otros.
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