Todo 11 de septiembre se recuerda la tragedia provocada por el atentado terrorista que devastó "el corazón" financiero de los Estados Unidos. La vívida imagen de esos acontecimientos, transmitidos en directo por la señal de televisión, posiblemente jamás pueda ser borrada de la memoria. Otro episodio funesto que suele pasar desapercibido esa fecha, ocurrió 28 años antes de ese suceso: el golpe militar y asesinato del Presidente Salvador Allende, consumado por las fuerzas armadas comandadas por Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Menos aún (por numerosas razones), se recordará y dimensionará el efecto social de la política económica del régimen.
Más allá del debate sobre los logros (o no) del Gobierno del Presidente Salvador Allende es indudable que, desde su derrocamiento, el rumbo económico de Chile se modificó. A pocos meses del comienzo de su gobierno, Pinochet Ugarte confió la dirección de la política económica a un selecto grupo de jóvenes economistas chilenos doctorados en la prestigiosa Universidad de Chicago al calor de su mentor: el legendario Milton Friedman (Premio Nobel de Economía en 1976). "Los Chicago boys", tal como se los identifica y reconoce, inmediatamente buscaron erradicar la patología que, según su perspectiva, postergaba el desarrollo económico del país: una inflación anual cercana a 600 por ciento. Fiel a su formación, los técnicos concluyeron que la suba de precios derivaba de la ineficiencia del sistema, verdad a la que arribaron a través de una extensión del análisis económico de la empresa (microeconómico). Para eliminar esta deficiencia estructural, propusieron una reforma que, entre sus elementos principales, contenía: apertura comercial y financiera, liberalización de los ingresos de capitales, reducción del Estado, disminución de la progresividad del sistema tributario (introdujeron el IVA) y la eliminación del derecho sindical.
Si bien la inflación era el flagelo a atacar (atizado en parte por la crisis del petróleo), la estrategia para combatirla no era menos dañina. El indiscriminado ingreso de bienes vía importaciones, el manejo de la política de créditos por la banca privada (en función de sus metas comerciales) y la entrada de flujos financieros del exterior, en línea con la naturaleza del régimen político del gobierno militar, tenían una meta clara y concreta: disciplinar la producción y el proceso de formación de precios. Sin la incumbencia del Estado en la economía, "de la noche a la mañana" se pretendía que los sectores productivos locales adaptaran sus estándares para competir con una producción extranjera empapada y adelantada en conocimientos. Paralelamente, la banca privada interna, despojada de compromisos políticos, proveería fondos a quienes lograran resultados productivos óptimos en el marco de un "aceitado" ingreso de fondos que llegaría desde el exterior a los bancos, atraído por ganancias financieras realizables (elevadas tasas de interés y apreciación cambiaria).
Por otro lado, el efecto de la menor intrusión de los gremios y una estructura fiscal más regresiva (clases bajas y altas pagando la misma tasa impositiva), no sólo reduciría el poder de negociación salarial de las familias sino también sus posibilidades de gasto. Los fondos no recibidos por los salariados, trasladados "de facto" al empresario benévolo, productivo y con cultura creadora de empleos (según decían), introducirían eficiencia al sistema económico. A través de este efecto spillover (derrame), desde la microeconomía ideal a la macroeconomía real, se aniquilaría la inflación, hecho que, efectivamente, ocurrió a fines de los ochenta cuando el crecimiento promedio de los precios ya orillaba el 25% anual (se sabe, de todos modos, que el índice de precios sufrió "cierto maquillaje").
Sin embargo, el impacto de la reforma lejos estuvo de ser neutral: la equidad en la distribución del ingreso se desplomó. Contrariando la hipótesis de Kenneth Arrow (premio Nobel de Economía de 1972), donde se afirmaba que en toda industria emergente la rentabilidad empresaria depende de la experiencia (el clásico "aprender haciendo"), en Chile se aplicó una indiscriminada apertura comercial que provocó cuantiosas quiebras. Además, los inmensos ingresos de divisas, impulsados por la liberalización de los flujos financieros y la apreciación cambiaria consecuente (que abarató de manera sustancial las importaciones), no sólo generaron un déficit externo memorable sino también una duplicación del stock de deuda externa y, tal como ocurrió en numerosas ocasiones en América Latina desde ese entonces (sucesos que al parecer no dejaron enseñanzas), el resultado no pudo ser otro que una crisis cambiaria sin precedentes en los "tempranos ochenta".
(*) Gustavo Perilli es economista, socio en AMF Economía y profesor de la UBA
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