De esta forma, el Estado pontificio se pone a todo con el marco legal fijado por Moneyval, el organismo del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de dinero, con el cual el Vaticano tiene un acuerdo de cooperación. Profundiza así el camino ya emprendido con anteriores medidas, como el convenio firmado en mayo pasado con Estados Unidos.
La Carta Apostólica que en forma de "motu propio" ha firmado Francisco destaca en primer lugar que "la promoción del desarrollo humano integral en el ámbito material y moral requiere de una profunda reflexión sobre la vocación de los sectores económicos y financieros y su correspondencia con el objetivo final de lograr la realización del bien común", en alusión a los desvíos del Instituto para las Obras Religiosas (IOR, verdadero nombre del banco vaticano) de su finalidad que han sido motivo de escándalo.
El Papa subraya que este "motu proprio" es una continuación de las disposiciones de uno anterior, para la prevención y la lucha contra las actividades ilegales en el sector financiero y monetario, firmado el 30 de diciembre de 2010 por su predecesor Benedicto XVI
La finalidad del nuevo documento es "renovar el compromiso de la Santa Sede en lo que respecta a la adopción de los principios y a la utilización de los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuando aún más el marco institucional, con el fin de prevenir y de luchar contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva".
En este sentido, según un comunicado de la Sala de Prensa vaticana, el nuevo motu proprio "extiende la aplicación de las leyes vaticanas en la materia a los dicasterios (ministerios) de la Curia Romana y a los otros organismos y entes dependientes de la Santa Sede, así como a las organizaciones sin fines de lucro con personalidad jurídica canónica y sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano". Un ejemplo sería el de Caritas.
Por otra parte "se refuerza la función de vigilancia y de reglamentación de la Autoridad de Información Financiera" –creada por el motu propio de Benedicto- y "se instituye la función de vigilancia prudencial de los entes que desarrollan profesionalmente una actividad de naturaleza financiera, respondiendo de esta forma a una recomendación del Comité Moneyval del Consejo de Europa, atribuyéndola a la Autoridad de Información Financiera".
Además, se crea un Comité de Seguridad Financiera, cuyo función será la de coordinar a las autoridades del Estado Vaticano con competencia en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de fondos.
"Se trata de un instrumento que ofrece la garantía de que se seguirá el camino iniciado –dijo el voceo de la Santa Sede, Federico Lombardi, en referencia a este nuevo decreto papal. En el mundo actual se trata de resistir frente a formas cada vez más sofisticadas de criminalidad financiera. Tenemos que hacer frente a los desafíos para la protección de la legalidad, no quedarnos atrás".
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