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"Las partes decidieron: Cesar la suspensión dispuesta el 29 de junio de 2012 en la ciudad de Mendoza (Argentina) a partir de la asunción del nuevo gobierno constitucional en la República del Paraguay, prevista para el próximo 15 de agosto", leyó el ministro para las Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, durante la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Señaló que a partir de esa fecha "la República del Paraguay recibirá plenamente su derecho de participar en los órganos del Mercosur y las deliberaciones".


La próxima asunción de Horacio Cartes como presidente de Paraguay el 15 de agosto es "motivo de mucha esperanza y expectativa" de que el país sea reincorporado al Mercosur, expresó este viernes la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

"La toma de posesión de Cartes es motivo de mucha esperanza y expectativa. Paraguay, y el pueblo paraguayo, son partes esenciales del destino del Mercosur. Queremos tenerlos de vuelta", expresó Rousseff en reunión con sus pares del bloque de Argentina, Uruguay y Venezuela, y el mandatario boliviano Evo Morales, cuyo país está en proceso de adhesión, entre otros invitados.

Cartes ha señalado que su país no volverá al bloque si Venezuela asume la presidencia pro témpore, algo que los demás miembros del grupo ya señalaron que no es negociable.

Venezuela asumirá este viernes esa posición temporal. Sostuvo que se expresaría al término de la cumbre de Montevideo para establecer la que será la postura oficial de su gobierno.

El Mercosur no ha presentado hasta el momento fórmulas concretas para zanjar la diferencia de postura con su socio paraguayo.

Además del tema paraguayo, los presidentes del bloque se pronucniaron sobre otros temas. "Expresaron su indignación y firme rechazo por la revocación infundada de los permisos de sobrevuelo y aterrizaje previamente concedidos por autoridades de algunos países europeos al avión que trasladaba al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales".

También , en referencia al ex topo de la CIA, Edward Snowden, repudiaron las acciones que puedan menoscabar la potestad de los Estados de conceder e implementar de forma plena el Derecho de Asilo, y en ese sentido rechazar todo intento de presión, hostigamiento o criminalización de un Estado o de terceros sobre la decisión soberana de cualquier nación de conceder asilo.