La Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas ordenó el hallanamiento y desalojo de la "Sala Alberdi" del Centro Cultural San Martín, el cual se encuentra ocupado por manifestantes, para proceder a la restitución del lugar al Gobierno de la Ciudad.
El Tribunal hizo lugar a un pedido de la fiscalía de Claudia Barcia de allanar el lugar y así identificar a los ocupas. La medida se dictó tras el intento de la Policía Metropolitana de desalojar la Sala Alberdi, sobre la calle Sarmiento 1551, lo que provocó días atrás un enfrentamiento con los manifestantes.
Los camaristas Elizabeth Marum, Marcelo Vázquez y José Sáez Capel ordenaron el desalojo y la recuperación a manos de la administración porteña: "El bien cuya desocupación y restitución solicitan los representantes de Ministerio Público Fiscal se trata de un edificio perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona el Centro Cultural General San Martín, conforme surge del testimonio de unificación parcelaria y englobamiento predial".
"Se trata entonces de un bien patrimonial del Estado afectado al uso indirecto, sobre el cual el Estado posee un derecho subjetivo", sostuvieron los jueces, quienes explicaron que la medida deberá ser cumplimentada "en el modo que fije el Sr. Magistrado de grado, debiendo dar intervención a los organismos del GCBA que correspondan; teniendo en cuenta que la legítima recuperación de espacios públicos sea llevada a cabo cuidando de respetar los derechos de las personas a desocupar".
La Sala Alberdi se encuentra tomada desde 2010, cuando desde el Gobierno porteño se intentó trasladar a los artistas del lugar para realizar refacciones edilicias.
Eduardo Villar, abogado de los docentes, declaró que apelarán la medida al Tribunal Superior de Justicia porteño porque "si bien no fuimos aún notificados, entendemos que el expediente que tenía la fiscal Barcia estaba relacionada con el desalojo de la Plaza seca, no de la sala".
El fallo que firman los camaristas Elizabeth Marum, Marcelo Vázquez y José Saez Capel, ordenó que el juez de primera instancia Norberto Tavosnanska -quien había dispuesto que los ocupantes podían permanecer en la Sala- debe determinar el modo del allanamiento y desalojo.
Barcia entendía en la causa que derivó en el desalojo de la Plaza Seca del centro Cultural San Martín, hecho ocurrido el 12 de marzo pasado, con el saldo de tres heridos de bala de plomo, 16 con balas de goma y más de diez detenidos durante al represión que realizó la Policía Metropolitana.
La segunda estaba relacionado con los supuestos destrozos que habrían causado los estudiantes y docentes dentro del Centro Cultural, en ocasión de la represión.
"Tenemos que conocer el fallo de la Cámara pero no entendemos por qué la fiscal apela el fallo de primera instancia sobre la ocupación de la sala Alberdi, cuando ella entendía sobre lo ocurrido en el acampe de los chicos en la Plaza Seca", dijo Villar.
Juan, uno de los estudiantes que fue desalojado de la Plaza Seca dijo que se organiza un corte de la avenida Corrientes y Paraná para protestar contra el fallo.
Villar destacó que "el lunes el juez de primera instancia se notificará del fallo de Cámara y allí vamos a apelar al tribunal Superior porque creemos que lo que dictó la Cámara es un mamarracho ya que la fiscal se extralimitó en sus funciones".
El hecho que generó en el 2010 la toma de la Sala Alberdi, tuvo su origen cuatro años antes, cuando el entonces jefe de gobierno local, Jorge Telerman, dispuso el traslado de las actividades que se realizaban en el lugar para realizar refacciones.
Desde entonces los artistas populares y talleristas que desarrollaban actividades en el lugar se negaron a ser trasladados a la Sala Los Andes, barrio de Chacarita.
En este sentido reclaman convertirse en tutores del espacio y garantes de su identidad histórica como espacio de producción, divulgación y formación artística".
Los cuatro docentes que permanecen desde hace dos meses en el sexto piso del Centro Cultural San Martín eran apoyados por unos veinte estudiantes que les acercaban alimentos y bebidas y que efectuaban un acampe en la Plaza seca, situado en el hall central de ese espacio cultural.
Tras la represión y el desalojo, los letrados consiguieron que se continuará con la asistencia de alimentos a los que permanecían en el sexto piso, quienes permanecen allí apoyados en el fallo de primera instancia.
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