"El fiscal venezolano Danilo Anderson, quien investigaba los eventos que condujeron a la breve salida del poder de Hugo Chávez en abril de 2002, fue asesinado bajo órdenes de las más altas instancias del Gobierno para ocultar que el mandatario había renunciado en medio de la escalada de violencia en vez de ser derrocado como asegura la versión oficial", reveló para El Nuevo Herald el dirigente opositor Pablo Medina.
El ex senador firmó en una entrevista con el diario estadounidense que Anderson estaba a punto de imputar a Rincón cuando fue asesinado. El fiscal murió en noviembre de 2004, cuando estalló su auto. La bomba habría sido detonado a distancia a través de un teléfono celular.
Medina acusó al ex vicepresidente José Vicente Rangel de haber organizado el asesinato: "Lo planificó conjuntamente con Isaías Rodríguez, Fiscal General, con el jefe de la DISIP (dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el coronel Rodríguez Torres y con el ministro de Relaciones Interiores, Jesse Chacón".
"Lo planificaron en el Ministerio del Ambiente de un municipio llamado El Hatillo, allí se reunieron entre abril y mayo del 2004 a perpetrar el crimen", explicó. Agregó que en ese lugar también almacenaron armas que luego fueron plantadas en las viviendas de las personas que ellos posteriormente implicaron como chivos expiatorios.
Sus declaraciones coinciden con las del ex magistrado Luis Velásquez Alvaray, quien también acusó a Rangel de encabezar una banda que hace uso del sistema judicial para la extorsión de individuos y empresas.
Según Medina, el presidente Hugo Chávez no tenía, en ese momento, el control del sistema judicial que tiene actualmente. "A ese fiscal lo asesinan para que no concluyera las acciones. Ya había concluido las investigaciones e iba a actuar", reveló. "Realmente trataba de determinar lo que había pasado en abril de 2002", insistió el antichavista.
El fiscal también se proponía imputar a los militares que presuntamente "ordenaron disparar contra la manifestación" de ciudadanos que marchaban pacíficamente hacia el Palacios de Miraflores el 11 de abril de ese año. Unas 19 personas murieron y cientos resultaron heridas en los enfrentamientos.
El Nuevo Herald detalla que la justicia venezolana atribuyó la autoría del atentando a opositores. Sin embargo, el testigo clave de la fiscalía, Giovanny Vásquez, admitió haber recibido una millonaria oferta para inculparlos.
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