Pese a que la mina La Alumbrera se halla en Catamarca, la provincia de Tucumán se ve envuelta en diversos escándalos en torno a la explotación del yacimiento. Un destino incierto de fondos dedicados a la educación y denuncias por contaminación rodean al "Jardín de la República".
En primer lugar, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) está inmersa en un escándalo por el destino de los fondos que recibió por la explotación de los yacimientos catamarqueños.
Sucede que la casa de altos estudios es parte de la compañía Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), que se asoció a Minera Alumbrera Limited para la explotación del yacimiento. De las utilidades que surgen, YMAD recibe el 20% del total. A su vez, de ese porcentaje la provincia de Catamarca se queda con el 60%; la UNT, el 20%, y otras universidades nacionales el restante 20%.
Pese a que la universidad tucumana se decidió a revelar el monto de dólares que ha recibido por los 15 años de explotación, fuentes de Minera Alumbrera Limited revelaron que YMAD "lleva cobrados 950 millones de dólares", lo que significaría que la casa de estudios recibió unos 190 millones de dólares hasta ahora. De acuerdo con el proyecto inicial, esa cifra debería haber sido dedicada a la construcción de una ciudad universitaria.
Diversas denuncias por este hecho fueron realizadas en el Consejo Superior de la UNT. Incluso, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras llegó a rechazar los fondos provenientes de la minería a cielo abierto por considerarla contaminante.
Pero ese no es el único problema que genera la explotación de La Alumbrera en el territorio tucumano, sino que los trabajos en el yacimiento también provocan la contaminación ambiental de la provincia.
Por un lado, la mina recibe su provisión eléctrica a través de Tucumán con un tendido que ha provocado denuncias por la contaminación visual del paisaje de la principal zona turística de la región.
Por el otro, existen acusaciones de "contaminación peligrosa" contra la compañía, ya que el mineral extraído es transportado con agua a través de un mineraloducto hasta Tucumán, donde las extracciones son secadas para su posterior traslado al puerto de Rosario.
Precisamente contra esa planta de secado existe una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el vuelco de efluentes contaminantes hacia un canal que desemboca en el Dique Frontal de Río Hondo en Santiago del Estero, según publica hoy el diario Clarín.
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