El monarca belga, Alberto II, había instado a los seis partidos que participaban de las conversaciones para formar un gobierno a que "midieran las consecuencias de este fracaso", en referencia a la crisis de representación que vive el país desde hace poco menos de un año y medio. Sin embargo, la dimisión del socialista Di Rupo complica aún más el panorama, razón por la cual el rey todavía analiza si la acepta o no.
El primer ministro designado abandonó las conversaciones con las otras fuerzas y se reunió con Alberto II para informarle sobre el "empantanamiento en las negociaciones sobre asuntos presupuestarios, sociales y económicos que deberían despejar el camino para la formación de un nuevo gobierno", según un comunicado divulgado por el palacio. En ese sentido, pidió al rey que "lo descargue de la tarea (de formación de gobierno)".
La situación de Bélgica, que no tiene un gobierno estable desde las elecciones anticipadas de junio de 2010 -lo que representa un récord mundial-, parecía haber encontrado un camino hacia su fin en las últimas semanas, con el compromiso de los partidos de las dos grandes comunidades belgas (Valonia, francófona -al sur-, y Flandes, neerlandófona -al norte-) de alcanzar un pacto. Sin embargo, y pese algunos acercamientos, éstos no lograron cerrar, el pasado jueves, un acuerdo para aprobar el presupuesto de 2012, marcado por la austeridad en el gasto, según las exigencias de la Unión Europea (UE).
La economía de ese país está bajo la lupa de los mercados ante el peligro de un posible contagio de la crisis de la deuda soberana en la eurozona. Por eso, debe cumplir con las metas de consolidación fiscal que exige la UE, entre ellas reducir el déficit público al 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para el año que viene.
Según las previsiones de la Comisión Europea anunciadas a principios de mes, su deuda pública podría aumentar en 2012 hasta el 99,2 por ciento del PIB, cuando las normas de Bruselas establecen un máximo del 60 por ciento. El déficit, en tanto, podría alcanzar el 4,6 por ciento del PIB; el tope exigido es de 3 por ciento. En ese contexto, se estima que la economía sólo crecerá 0,9 por ciento, en comparación con el 2,2 por ciento pronosticado en mayo pasado.
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