Las autoridades volvieron a allanar en menos de 48 horas la feria ilegal de La Saladita, ubicada en Lima al 1700, en el barrio porteño de Constitución.
El allanamiento, realizado por la Policía Metropolitana, fue dispuesto por el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Javier Buján a pedido del fiscal Martín Lapadú luego de que se violara la clausura del lugar.
Según las fuentes consultadas por Infobae.com, se secuestró documentación y se incautó la mercadería que se vende en los locales, ropa, anteojos, accesorios. En tanto se mantiene la clausura del predio con custodia policial.
Los voceros informaron que durante el allanamiento una mujer se presentó ante la Policía como la responsable del inmueble.
La fiscalía a cargo de Lapadú pretende dar con los responsables o dueños del lugar y determinar la modalidad de usufructo del predio, si cada puestero es cuentapropista o si hay una o varias personas que actúan como organizadores y a su vez alquilan los espacios.
En la causa se investiga una supuesta infracción al artículo 73 del Código Contravencional que castiga a quien viola una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa con 600 pesos a 6 mil pesos de multa o arresto de tres a diez días.
La investigación se inició luego de que el sábado pasado, "La Saladita", con entradas por las calles Salta 1756 y Lima 1763, volvió a funcionar a pesar de la clausura que había dispuesto un día antes la Agencia de Control Gubernamental de higiene y seguridad.
El fiscal contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Martin Lapadú, señaló: "Buscamos a los organizadores de esta feria. Queremos constatar que hay organizadores detrás de esta actividad". Además, precisó que este nuevo allanamiento, el segundo en 48 horas, se da porque hubo una violación de la clausura del lugar.
En tanto, el comisario de la Policía Metropolitana Rubén Fernández aclaró que la clausura afecta "a toda la feria y no a un local específico". En ese sentido, confirmó que la feria "seguirá cerrada".
El lugar, con 140 puestos, fue clausurado el viernes por la venta ilegal de mercadería, por problemas en las instalaciones eléctricas y ausencia de matafuegos, entre otros. En aquel operativo, algunos puesteros agredieron a funcionarios y periodistas.
Tras constatar fallas en el sistema de instalación eléctrica, falta de ventilación reglamentaria en sanitarios, graves fallas de seguridad, ausencia de matafuegos y sectores sin la correspondiente habilitación se procedió a la clausura del predio, que alberga más de 140 puestos de ventas de mercadería. "No tiene ningún tipo de habilitación", precisó Lapadú.
En el operativo del viernes intervinieron inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad.
Por pedidos de las autoridades de la agencia y de los medios de comunicación, personal de la Policía Federal se hizo presente en el lugar para evitar agresiones y garantizar la libre circulación. Tras el hecho, no hubo detenidos.
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