Veinte años de lucha para probar su inocencia

Cada vez que escuchaba el ruido de la puerta que daba a su celda, durante los cuatro años y medio que estuvo preso por una violación que no cometió, Alejandro Domínguez pensaba: "Ya vienen, ya se ha aclarado todo". Había entrado a la cárcel con dieciséis años y tuvo la suerte de encontrar el primer día a otro hispano que le aconsejó que nunca dijera por qué delito había sido condenado ni que era inocente; mucho menos que hasta un año y medio antes había estado pastando los borregos y los chivos de su abuelo en el pueblo de Tonatico, México. "Hubiera sido como llegar adonde están los rateros y decir 'tengo oro'. Decía que estaba por intento de muerte. Me iban a tomar de prostituta, si no. Tuve que cambiar mi personalidad: mi forma de mirar, de caminar, de comer, de dormir. Si se me quedaban viendo, me defendía. Si vi no vi, si oí no oí. Así pude sobrevivir."

Vivir hubiera sido otra cosa. "Vine aquí como mucha gente, porque desafortunadamente no tenemos facilidad en nuestros países para salir adelante. Viene uno con sueños de ser alguien en la vida. Pero a esa edad, cuando uno está pensando 'voy a ser doctor' o 'voy a ser ingeniero' o 'voy a ser abogado', yo sólo pensaba cuándo me iban a soltar." Inclusive ahora, que obtuvo la exoneración en 2002 y hasta un perdón del gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, en 2005, no puede inscribirse para acompañar a su hijo Melvin a un campamento de los Boy Scouts ni estudiar Derecho en la universidad. Tiene antecedentes. Tiene que explicar que son un error. "Como los antiguos afroamericanos, que andaban con un papel para probar que su master les había dado la libertad, así ando yo con el papel del gobernador."

Proyecto Inocencia

Domínguez es uno de los 265 exonerados hasta el momento -varios de ellos esperaban la pena de muerte- luego de que un examen de ADN demostrara que no habían sido las personas que cometieron los crímenes por los cuales los condenaron. Casi todos ellos están libres porque The Innocence Project (Proyecto Inocencia), una red de organizaciones en 40 de los 50 estados norteamericanos que se dedica a defender a personas encarceladas injustamente, reabrió sus casos y confrontó el ADN del preso con el de la evidencia.

A veces eso sucede porque el verdadero violador o asesino, detenido por otro caso, confiesa: la antigua muestra biológica -semen, sangre, saliva, sudor, pelo, piel- se examina y coincide con la del nuevo detenido. Otras veces no se halla al verdadero culpable pero se logra una reevaluación del material hallado en la escena del crimen: si el ADN no coincide con el del condenado su inocencia queda probada.

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es una molécula que contiene la información genética de una persona, que se repite en cada célula de su organismo como una huella digital a escala total. La fundación -en cuyo Comité de Directores participan el escritor John Grisham y la ex ministra de Justicia de los Estados Unidos Janet Reno- sólo acepta aquellos casos con sentencia firme en los que un examen de esa molécula puede producir evidencia concluyente sobre la inocencia del condenado. Si la prueba no sostiene la declaración del cliente el caso se cierra. Antes de empezar, los abogados advierten que el ADN puede probar la inocencia pero también confirmar la culpabilidad.

Arresto y error: el comienzo de la pesadilla

Waukegan se halla junto al Lago Michigan, cerca de la Base Naval de los Grandes Lagos. El 18 de septiembre tres hombres entraron por la fuerza al departamento de la hija de uno de sus oficiales y la violaron. La víctima había declarado que uno ellos, con el que confundió a Domínguez, tenía un tatuaje y un aro con un diamante y le había hablado en inglés. El chico de dieciséis años al que envió a la cárcel no tenía tatuaje alguno ni perforaciones en las orejas y todavía no manejaba bien el idioma de los locales.

El error del testigo al identificar al sospechoso es la primera causa -75 por ciento de los casos- de las condenas que terminaron anuladas. "Las pruebas de ADN han demostrado que la identificación de un testigo ocular no es fiable", se lee en la web del Proyecto Inocencia. Casi siempre sucede el fenómeno de la "visión de túnel", donde manipulaciones intencionadas o impremeditadas inducen el reconocimiento. Eso habla de la segunda causa, la negligencia o mala práctica de los policías. Ambos factores definieron el caso de Domínguez.

"Me detuvieron el 21 de septiembre de 1989, a eso de las 7 de la noche. Un hombre de seguridad de los departamentos donde vivía fue buscarme a casa. Yo estaba en casa de un tío. Me habló mi mamá y fui a la oficina de la seguridad. A los dos minutos llegaron los detectives y me dijeron que me iban a llevar a la estación. 'Bueno, no tengo nada que esconder.' Me esposaron." Eso le llamó la atención. Más raro aun le pareció que un policía hispano entrase a la oficina donde lo habían dejado y le informase que estaba detenido por haber violado a una mujer.

-Tal vez estoy en el cuarto equivocado -le dijo.

-Estás donde tienes que estar. Ya te han identificado -lo contradijo el policía.

-Pero no puede ser. Si yo no he hecho nada.

-Empieza a hablar o te vas a pasar treinta años en la cárcel. ¿Por qué lo hiciste, di? ¿Cómo fue? ¿Dónde están las otras dos personas?

El interrogatorio duró más de diez horas. Aunque Domínguez tenía quince años no pudo pedir la asistencia de su familia o de un abogado. Sólo tres días más tarde, cuando la madre y el padre habían recorrido hasta las morgues de los hospitales, en la jefatura policial admitieron que lo habían detenido y derivado a una cárcel de menores.

Entre el ataque a la mujer y la detención de Domínguez los policías habían cepillado el barrio en busca de sospechosos. El empleado de seguridad creyó que la descripción que le habían hecho correspondía al aspecto de Domínguez. Y mientras el chico escuchaba al oficial hispano, del otro lado de la ventana el teniente Paul Hendley le decía a la víctima: "Fíjate bien en ese muchacho. Es la persona que tenemos identificada. ¿Lo ves, sentado en la silla?". La mujer, que había sufrido una crisis depresiva poco antes del ataque, apenas asintió con la cabeza. "Fue cosa de segundos", recordó Domínguez. "El papá de esta mujer, un teniente de la base naval, había llamado para decir que quería que encontraran a la persona. Y al policía no le importó investigar. Quería cerrar el caso. Un hispano más o un hispano menos le daba lo mismo."

Impericia, negligencia y desidia

Las cifras lo acompañan: los defendidos del Proyecto Inocencia -los 265 exonerados más los 300 cuyos casos están en curso- "son latinos o afroamericanos en un número desproporcionado". Y pobres: "Debido a su encarcelamiento, casi todos se han vuelto indigentes y sus familias se quedaron sin recursos". En Estados Unidos, el país con la tasa de encarcelación más alta del mundo (un preso por cada 99.1 residentes), casi el 60 por ciento de la población carcelaria es negra o hispana.

Otro motivo habitual en las condenas injustas, que también le tocó a Domínguez, es la impericia de los laboratorios forenses. Los expertos influyen tanto en la sensibilidad de los jurados que una estadística exagerada o la falsificación de un resultado puede decidir un veredicto. El forense William Wilson, del Laboratorio Criminal de Illinois Norte, declaró que la serología del semen encontrado en la víctima no podía excluir a Domínguez. Pero omitió señalar que tampoco al 67 por ciento de la población. La serología no excluye a los inocentes: si hubieran encontrado sangre 0+, en Estados Unidos el 38 por ciento de los habitantes habría quedado bajo sospecha.

También la fiscalía puede, por fraude o negligencia, contribuir a una condena injusta. En el 15 por ciento de los fallos revertidos intervinieron informantes policiales que declaran con incentivos como una sentencia más breve o la eliminación de un cargo. Esto le pasó a Larry Griffin, preso en 1981 por el homicidio de Quintin Moss, un dealer de diecinueve años muerto de trece balazos en Saint Louis. Por la declaración de Robert Fitzgerald, testigo protegido en un caso de tráfico de drogas, Griffin fue condenado. En 2005, diez años después de su ejecución, la causa se reabrió y se reveló que había sido inocente.

En el 25 por ciento de las sentencias revertidas hay confesiones inducidas por ignorancia de la ley, uso de la fuerza u otra forma de coacción, como la amenaza con una sentencia mayor que el policía hispano deslizó a Domínguez. Si bien no firmó una confesión falsa, tampoco pudo objetar los cargos: "Me dio unos papeles en inglés para que firmara. Yo no sabía bien el idioma. Sabía decir mi nombre, dónde vivía, que iba a la high school. Lo más sencillo pues sí, pero esos papeles no sabía. Pensé que era la salida."

El último problema grave y habitual que enfrentan los inocentes condenados, Domínguez entre ellos, es la falta de dedicación de los defensores de oficio, quienes por ley pueden ocuparse de hasta 200 delitos graves por año pero en la práctica llevan adelante entre 350 y 1600. "Mi papá no tenía dinero para pagar. No sabíamos a quién acudir, hasta en las iglesias nos dijeron que no nos podían ayudar. Una vez le dieron una lámpara y unas sillas usadas para que las rifara. La intención fue buena, pero eso no paga un abogado. Así que tuve un defensor público."

Por su consejo Domínguez rechazó su derecho a un jurado y el juez estatal Harry D. Hartel decidió solo sobre el caso. En 1990 lo condenó a nueve años de prisión. Domínguez salió en la mitad del tiempo al computársele doble la prisión mientras duró el proceso y por su buena conducta.

"A mi madre, mi padre y mis hermanos les decía que no fueran a visitarme. No quería que mi madre me viera esposado de pies y manos. Me sentía mal de que me vieran así. Mi madre venía con lágrimas en los ojos. 'Piensen que estoy en México', les decía. Ellos igual seguían viniendo."

La salida también es difícil

Esa gente lo recibió en la misma casa de la que salió -y donde ahora ha sumado mujer, Heidi, y dos hijos- cuando quedó en libertad en diciembre de 1994: cuando descubrió que sus problemas en realidad acababan de comenzar. Había terminado la escuela secundaria en la cárcel y quiso estudiar Administración de Empresas. Como acá la educación superior es paga -con un promedio de 6.185 dólares por año para las universidades de los estados y 23.712 para las privadas-, quiso pedir ayuda financiera: una beca o un préstamo. Igual que cuando buscaba trabajo, encontró que nadie se los daría: sus antecedentes lo eliminaban como candidato.

Tampoco le fue mejor con los amigos del fútbol. "Ya no me veían igual. Se alejaron. Una vez los fui a buscar donde jugábamos. Ahí estaban. Cuando se acabó el partido, nos saludamos, hablamos hasta que alguno dijo 'vamos por ahí a comer'. Se subieron al carro y me dejaron." Había pensado que cuando saliera de la cárcel iba a recuperar su vida. "Pero me sentía, me siento todavía, como si estuviera en una fiesta en la que todos comen, toman y se divierten pero yo no puedo."

Es común que a los exonerados nada los espere. "Muchos dejan sus celdas sin fanfarria, sin disculpas, sin lugar al que ir", explica el Proyecto Inocencia. "En algunos estados hay más servicios disponibles para presos liberados bajo palabra que para exonerados." Han quedado lejos de su familia, sin dinero para alquilar un espacio para vivir, con un vacío en su curriculum vitae que a ningún potencial empleador se le escapa.

Algunos, además, dejaron un cuarto de siglo en la cárcel, como Alan Crotzer, de Florida, condenado a 130 años de los cuales cumplió 24 -la mitad de su vida al momento de salir de la cárcel, en 2006- por los delitos de secuestro y violación que todavía no se sabe quién cometió. El promedio de tiempo robado es de doce años: 4.383 días y noches. El mundo cambia en ese tiempo. Adaptarse a la libertad puede ser tan difícil como adaptarse a la celda.

"Sales y no estás acostumbrado a que alguien te llame y te diga de ti. De tanto reaccionar con violencia si alguien se me quedaba viendo, cuando alguien me miraba, yo, como los perritos: ya estaba para írmeles a los golpes. A veces he pedido permiso para ir al baño. Es difícil salir. Tiene miedo uno de estar afuera. Me llamaban la atención las muchachas pero me daba miedo hablarles. Tal vez supieran del crimen. ¿Y si alguien me hacía otra acusación falsa? Heidi me tuvo que corretear. Nos conocimos en el trabajo, le llamó la atención que a la hora de comer me sentara solo."

Un amigo le consiguió un empleo en una fábrica de partes metálicas para trenes y trailers. Cumplía turnos de doce horas de lunes a sábado y los domingos buscaba jardines que cortar, caminos que limpiar de nieve: quería juntar dinero para reabrir su causa. No sabía que el Proyecto Inocencia asiste sin costo a sus clientes porque trabaja con los estudiantes de la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo, de la Universidad Yeshiva, donde lo fundaron en 1992 los abogados Barry Scheck -famoso por haber participado en el equipo de defensa de O.J. Simpson- y Peter Neufeld. No sabía siquiera si alguien aceptaría representarlo, porque ya había sido condenado.

"Hacía la cita con un abogado, le llevaba quinientos, ochocientos dólares. Regresaba en un mes y nunca, nunca tenía caso. Pasé cuatro años trabajando para los abogados. Y me decían: 'No hay nada que hacer. Tienes que vivir así. Además, ya cumpliste tu condena'. Pero los sheriffs venían a la casa a chequearme, no me dejaban en paz. Y una vez que olvidé de registrarme como predador sexual, cosa que tenía que hacer exactamente cada 22 de noviembre de 6 a 7 de la tarde nada más, me arrestaron cuando fui a remediarlo al día siguiente." Pagó una fianza de 2.500 dólares. Le impusieron cien horas de trabajo público. Y cuando cumplió esa probation, en enero de 2001, lo quisieron deportar. Una ley de 1996, refrendada por el presidente Bill Clinton, establece que se expulse a su país de origen a todo residente que haya cometido crímenes graves. Estuvo preso un mes.

El camino de la reivindicación

Para entonces había encontrado en Chicago, a una hora de Waukegan, algunas opiniones más alentadoras. El ADN se acepta como evidencia en los tribunales norteamericanos desde 1989. Cuatro abogados se animaban a intentar reabrir el caso pidiendo la prueba de ADN a cambio de honorarios de entre 60.000 y 80.000 dólares. Los padres de Domínguez se ofrecieron a vender la casa que habían comprado en México. "Yo quería y a la vez no quería: eran veinte años de trabajo que habían invertido para tenerla."

Al menos sabía que podía llegar a la revisión del caso, algo también difícil: depende de cuánto cuesta encontrar y poner a resguardo la evidencia. A veces el estado del material permite un examen de ADN, pero otras se ha degradado; a veces los archivos se han perdido o las pruebas fueron destruidas. Algunos reclamos del Proyecto Inocencia se resuelven en un año y otros en una década.

El de Domínguez fue rápido. Jeff Stone, el abogado que le cobró 7.000 dólares de honorarios y le hizo pagar 4.300 por el examen de ADN, logró que en 2001 el juez estatal Raymond McKoski aceptase el pedido de la prueba. En marzo de 2002 los resultados del Instituto de Investigaciones Serológicas de Richmond, California, excluyeron a Domínguez sin margen de dudas como fuente del material biológico que lo había enviado a prisión doce años antes. Fue exonerado oficialmente el 26 de abril de 2002. "Al culpable -dice-, hasta ahora no lo han agarrado."

Sólo 22 de los 50 estados norteamericanos pagan compensaciones por el tiempo de cárcel injusta. Aun en esos casos el pago es difícil porque las autoridades tienen que admitir que cometieron un error. "No voy a disculparme por la sentencia original", dijo el fiscal Michael G. Mermel, quien actuó en la prosecución contra Domínguez. "Esta ciencia no existía en ese momento y teníamos una testigo creíble." No obstante el estado de Illinois reconoció 15.000 dólares por cada año de prisión, con los que padres, tíos y primos de Domínguez recuperaron los préstamos que pagaron los informes desahuciados y el trabajo de Stone.

Una ley de 2004, que se aplica solamente a casos de la justicia federal, establece que las personas condenadas injustamente reciban una compensación de 50.000 dólares al año por cada año que estuvieron presas y del doble si su sentencia era a muerte. Pero no comprende los delitos cuya jurisdicción es estatal, como el robo, la violación o el homicidio. "La mayoría de los exonerados salen de prisión sin apoyo financiero; pueden pasar meses o años antes de que puedan recibir una compensación y en muchos casos nunca les llega", según el Proyecto Inocencia.

El 17 de octubre de 2007 la ciudad de Waukegan -más famosa porque allí se filmaron The Blues Brothers, El día de la marmota y Batman Begins- fue condenada a indemnizar con nueve millones de dólares a Domínguez porque la conducta de sus policías hizo que la víctima lo identificara erróneamente. La ciudad apeló y Domínguez, que en la infatigable chismografía de Waukegan pasó de "el violador" a "el millonario", espera el fallo final.

"Yo hubiera preferido mi libertad y haber vivido como yo hubiera querido vivir. Estamos hablando de casi veinte años de mi vida dedicados a pelear para probar que no había sido el violador. Porque todavía me detienen: en el aeropuerto, cuando vengo de México. La primera vez me metieron en un cuarto, me dejaron esposado cuatro horas; cuando les pedí que me dejaran explicar me dijeron 'Cállate, perro, te vas en el primer avión que salga'. No hay precio para lo que hicieron conmigo. Es llamar a Dios en tierra ajena."

Cada año, más de 3.000 condenados intentan que el Proyecto Inocencia tome su caso.