Un hombre que adulteró un certificado de estudios secundarios e intentó validarlo en el Ministerio del Interior fue procesado y corre el riesgo de pasar hasta seis años en la cárcel.
La Sala Segunda de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificó el procesamiento contra un joven que el 2 de noviembre de 2009 intentó legalizar el certificado analítico que "resultó ser apócrifo".
La maniobra fue advertida por Isabel Edith Ingui de Sartirana, empleada de la Dirección de Atención al Público del Ministerio del Interior de la Nación, sector de legalizaciones, quien formuló la denuncia, a la que está obligada como funcionaria pública.
El artículo 292 del Código Penal establece que "el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público".
El defensor del imputado argumentó que no existía delito pues la falsificación era burda y no podía hacer pasar por verdadera a la constancia de estudios.
Pero los jueces replicaron que
"la idoneidad de la falsificación debe conciliarse con la apreciación que pueda percibir el hombre común que intenta ser inducido al engaño y no con la que puede efectuar un individuo experto".
En ese sentido, opinaron que
"las características de autenticidad que éste simula poseen entidad suficiente para llevar a error a un tercero ajeno a quienes debieron entender en su confección".
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