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En un plazo de 90 días, el Belgrano Cargas pasará a ser administrado por la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

, organismo de reciente creación que se hará cargo de las operaciones. Por el artículo dos del decreto, el Ministerio de Planificación Federal deberá elaborar los instrumentos necesarios para llevar adelante la estatización.


 

También, a través de la Secretaría de Transporte, determinará "el nivel de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, conciliando las cuentas, la totalidad de los pasivos y activos, el inventario patrimonial de bienes muebles e inmuebles y toda cuestión vinculada con la terminación del contrato" en un plazo de tres meses.



Por el artículo cinco del decreto, se prorroga el estado de emergencia de la prestación del servicio ferroviario de transporte de cargas y pasajeros, hasta el día 31 de diciembre próximo o hasta el cumplimiento de la estatización.



La Secretaría de Transporte declaró, a principios de 2006, el "estado de emergencia" de la compañía y puso como gerenciadora a una sociedad empresarial-sindical que encabezó el grupo Macri con un socio chino

, representado por la empresa Iecsa.


 

Por pedido del Gobierno,

a la Sociedad Operadora de Emergencia (SOE) también se incorporaron las empresas locales Roggio y Emepa y los gremios de la Unión Ferroviaria, los maquinistas de La Fraternidad y la federación de Camioneros de Hugo Moyano, el líder de la CGT.


El artículo seis prorroga el gerenciamiento de la Sociedad Operadora de Emergencia que hasta ahora operaba el servicio.


 

Por el artículo siete

se ordena al ministerio de Planificación Federal que garantice la continuidad laboral del personal que actualmente presta funciones en la empresa, que son alrededor de 1.500 empleados

del Belgrano Cargas que por la particular situación legal de la empresa no pueden negociar aumentos salariales y aún siguen con los sueldos del año pasado.



Desde que fue el Belgrano Cargas fue declarado en emergencia, en abril de 2006, el Gobierno destinó alrededor de $200 millones para los sueldos y las obras prioritarias de la línea ferroviaria.



Para la estatización queda por resolver un rojo de casi $50 millones, que se generó por la falta de pago de los subsidios contractuales que debía desembolsar el Estado.



Desde su privatización, a fines de los 90 a manos de la Unión Ferroviaria, el ferrocarril nunca pudo atender las demandas de fletes de los productores que habitan las trece provincias que recorre su red ferroviaria, de más de 4.000 kilómetros.

Su desarrollo fue obstaculizado durante el gobierno de la Alianza, que puso en duda la concesión dada por la administración menemista, y posteriormente la crisis económica de fines de 2001, frenó los aportes estatales para su operatoria.


 

Con la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno, en mayo del 2003, se convocó a una reprivatización de la empresa para que la Unión Ferroviaria cediera sus acciones a un grupo privado que fracasó porque los interesados no se ajustaban a las exigencias licitatorias.