Los familiares de una mujer de 20 años que murió de un cáncer de mandíbula demandarán al Estado santafesino, por no haber permitido la realización de un aborto terapéutico que era necesario para que sea tratada de esa enfermedad.
La joven fallecida era Ana María Acevedo, oriunda de la ciudad de Vera, ubicada a unos 230 kilómetros al norte de la capital provincial, quien murió el 17 de mayo pasado en el hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe.
Las abogadas patrocinantes de la familia informaron que iniciarán un recurso administrativo en el Ministerio de Salud provincial, para luego entablar una demanda civil contra el Estado.
Detalles sobre el caso
El caso Acevedo tomó trascendencia a mediados de este año, cuando la joven murió por un cáncer de mandíbula que no fue tratado en forma conveniente, debido a que los médicos que la atendieron se negaron a practicar un aborto terapéutico.
La decisión de estos profesionales fue ratificada por el Comité de Bioética del hospital Iturraspe, que en ese momento adujo razones religiosas y culturales.
Una de las patrocinantes, Lucila Puyol, manifestó que el Estado provincial "no atendió como correspondía a Ana María, en todos estos meses no esclareció lo ocurrido y tampoco reglamentó los abortos no punibles para impedir que otra mujer vuelva a pasar por la misma situación".
Puyol es una de las abogadas de Norma Cuevas y Haroldo Acevedo, los padres de la joven muerta, y forma parte de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe. Por este caso ya se inició una demanda penal por homicidio culposo, causa que quedó a cargo del juez Jorge Andrés y en la cual no hay imputados.
La enfermedad de Ana María
Acevedo concurrió en mayo de 2006 al hospital Samco, de Vera, por un dolor de muelas, y una odontóloga le realizó una extracción.
Ante la continuidad del dolor, fue atendida en el hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe, donde le extrajeron un sarcoma de maxilar y la derivaron al servicio de Oncología del hospital Iturraspe.
El 14 de diciembre de 2006, un test de embarazo dio resultado positivo y el médico David Yossen contraindicó la realización de quimioterapia, debido a la toxicidad sobre la gestación.
En forma paralela, se le realizaron varios estudios ginecológicos, que arrojaron como resultado "saco gestacional sin embrión".
Los patrocinantes de la familia indicaron que los médicos no informaron a Acevedo de la posibilidad de un aborto terapéutico, como estipula el artículo 86 del Código Penal.
La mujer estuvo internada sin recibir tratamiento contra el cáncer hasta finales de diciembre, cuando abandonó el hospital Iturraspe con alta voluntaria.
En febrero volvió a ser internada y su familia solicitó la interrupción del embarazo, pero el entonces director del hospital, Andrés Ellena, se negó. El mismo mes, el Comité de Bioética avaló esa decisión y la mujer continuó sin ser tratada del cáncer hasta fines de abril, cuando se indujo el nacimiento.
Acevedo tuvo una beba, que falleció pocas horas después de nacer, y ella falleció el 17 de mayo, tras lo cual su familia recurrió al abogado Germán Ulrich Lehmann, quien inició la demanda penal por homicidio culposo.
Sin embargo, los familiares le revocaron el poder unos meses más tarde y pusieron la causa en manos de Puyol y otras dos abogadas.
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