El fiscal Marcelo Martínez Burgos acusado de haber negociado con enviados de funcionarios iraníes para entorpecer la investigación del atentado contra la AMIA, se negó hoy a declarar y se amparó en sus fueros, según informaron fuentes judiciales a Infobae.com.
Martinez Burgos, uno de los fiscales de la unidad especial que investiga el atentado, había sido citado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en calidad de sospechoso, pero no se presentó en el juzgado.
En cambio, hizo llegar al despacho del juez un escrito en cual consigna que decidió ampararse en sus fueros como representante del ministerio público, con lo cual, al menos por ahora, evitaría recibir un eventual procesamiento.
Según una denuncia, el funcionario judicial habría mantenido reuniones secretas con un abogado cercano a la Embajada de Irán en nuestro país con el único objetivo de hacer caer las acusaciones que pesan sobre ex
funcionarios de ese país.
El abogado imputado es Juan Martín Cerolini, quien ayer fue indagado por el juez en los tribunales de Comodoro Py 2002.
Las indagatorias fueron ordenadas por el juez porque en un escrito presentado por el propio Cerolini, el abogado habría admitido haber cumplido algunas gestiones encargadas por Martinez Burgos, según consignaron las fuentes.
Al hacerse pública la acusación que la Justicia argentina hizo a nueve ex funcionarios iraníes por la voladura de la mutual judia, la Embajada de Irán en Buenos Aires pensó en contratar a Cerolini, cuyo estudio ya había participado de forma exitosa en otro tramo de la causa.
El plan inicial para contar con los servicios del estudio quedó en la nada cuando Teherán ordenó no impulsar una defensa de los ex funcionarios implicados por el juez federal argentino Rodolfo Canicota Corral, porque eso implicaría aceptar la acusación.
Ante la inminencia de la orden de captura por parte de Interpol de los ex funcionarios implicados algo debía hacerse para impedir la medida y otra vez se pensó en Cerolini.
Según recordaron las fuentes judiciales las conversaciones entre Cerolini y Martinez Burgos, quienes mantenían una relación de amistad y hasta familiar, apuntaban a que el fiscal diera un paso al costado en la investigación y con eso comenzar una estrategia que tendiera a debilitar la pista iraní.
Martinez Burgos fue designado para integrar la fiscalía especial de investigación del atentado que comanda su colega Alberto Nisman.
Ahora el juez Canicoba Corral deberá decidir si solicita a la Procuración General de la Nación el desafuero de Martinez Burgos para tomarle indagatoria, trámite que llevará un largo tiempo y dará un poco de alivio al fiscal.
En tanto, el juez tiene 10 días para resolver la situación del abogado Cerolini que habría admitido haber cumplido gestiones.
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