El desabastecimiento de alimentos en Venezuela se debe a un aumento del consumo y a "agresiones" a la empresa privada por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez, dijo hoy el presidente de la patronal comercial, Noel Álvarez.
"El gobierno ha venido agrediendo a la empresa privada y desmotivando la inversión a través de amenazas directas y controles de precios, y eso contribuye a disminuir la oferta", remarcó el titular de Consecomercio a la emisora caraqueña Unionradio.
En Radio 10, Álvarez señaló que este tipo de gobiernos "siempre comienzan con estas políticas demagógicas y populistas" que "distorsionan la economía y el consumidor termina pagando más por el desabastecimiento" generado.
"Hay un lenguaje altisonante", dijo el empresario hoy al explicar cómo se pone en funcionamiento desde el gobierno chavista este tipo de medidas económicas y agregó que "hay una ley que los obliga (a los comercios) a vender aunque estén a pérdida. Esto es una agresión a la empresa privada. Les dicen que subvencionen los productos que no dan ganancia con otros que sí la den".
"El primer paso para solucionar el problema es aceptar que el problema existe. Pero no lo hace y traslada la responsabilidad a los empresarios", expresó Álvarez y añadió que las amenazas a los empresarios "se manifiestan tanto en privado como en público por los medios de comunicación".
"En los últimos cuatro años de los artículos controlados (el precio subió) 152%, y en los no controlados, 93%. Por eso, eso de que dicen que benefician a los que menos tienen" no es verdad, reveló Álvarez.
Adicionalmente, prosiguió, el gobierno estima que puede solucionar este tipo de problemas con la promulgación de decretos, pero si fuera así "decretaría que la ley de gravedad no existe".
"Hay una ley natural que es la oferta y la demanda y esa no puede ser derogada a través de un decreto", remarcó y recordó que es el gobierno el que fija los precios de buena parte de los productos alimenticios, algunos por debajo de los costos de producción.
El constante crecimiento de la economía permite "un incremento del gasto público" por ingresos petroleros extraordinarios, lo que a su vez aumenta la capacidad adquisitiva de la población, permitiendo que "una gran cantidad de personas dispongan de recursos que antes no tenían" y así aumente la demanda de productos, sostuvo.
Es decir, resumió Álvarez, el Ejecutivo "crea problemas a través de los controles de precios (...), los productores y comercializadores tienen que incrementarlos y entonces el gobierno quiere solucionar el problema a través de un decreto amenazando con meter preso a todo el mundo (que no los respete), y si amenaza no genera producción y lo que requerimos es producción".
Entonces, reiteró, "estamos metidos en un gran embrollo" porque la demanda sube "sustancialmente por la cantidad de recursos y la oferta se constriñe por las amenazas contra el sector privado".
A todo ello se suma, agregó, la "situación de inseguridad que viven los productores (...), a quienes no se les permite producir en condiciones normales", presionados por el hampa. Luis Rodríguez, director de la Asociación Nacional de Supermercados y Afines (Ansa), dijo a su vez que por todo ello los proveedores "no entregan o entregan incompleta" la mercadería requerida para la venta directa a la ciudadanía, lo que alcanza a entre 30 y 35 por ciento de la oferta tradicional de alimentos.
"Tenemos tres meses que, por ejemplo, nos despachan mucho menos pollos de los que pedimos y además la gente, con compras nerviosas, origina que haya fallas en el suministro", manifestó.
Rafael Alfano, representante regional de los vendedores de carne, informó a su vez de que contabilizan "a nivel nacional unas 7.600 carnicerías cerradas como consecuencia de seguir vendiendo a pérdida" por la regulación gubernamental de los precios.
Alfano reveló que han propuesto al gobierno la liberación de los precios, "para que predomine la oferta y la demanda", complementada con la creación de "un subsidio al productor primario".
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