Crece la inquietud por el reparto de tierras en Bolivia

- La decisión del gobierno de iniciar una nueva reforma agraria este mes, con la reversión inicial de hasta 14 millones de hectáreas, puso en pie de emergencia a importantes instituciones del oriental departamento (provincia) de Santa Cruz.

El influyente Comité Cívico de esa región, la capital agropecuaria boliviana, pidió al presidente Evo Morales en una carta publicada el martes que las medidas sean aprobadas en "consenso" con el prefecto (gobernador) cruceño, Rubén Costas, y organizaciones empresariales locales.

"Las autoridades y los sectores productivos debemos ser parte de la elaboración y definición de tales políticas, para que, en base al consenso, aseguremos el éxito de su aplicación", dice la nota.

Paralelamente, Costas anunció que impulsará un plan propio "democrático y equitativo" para privilegiar el acceso a los recursos naturales y a la tierra y reclamó participar en la reforma gubernamental.

El plan del gobierno consiste en lanzar a fin de mes una "revolución agraria" que se iniciaría con la reversión de entre 11 y 14 millones de hectáreas, de un total de 107 millones de hectáreas que el estado detectó hace una década como tierras, en su mayoría latifundios, con posibles problemas legales.

Gran parte de esas tierras se encuentra en Santa Cruz, el departamento más extenso de Bolivia, rico en suelos para la producción.

La mayoría de esa tierra fue cedida gratuitamente en gobiernos dictatoriales, especialmente en el del fallecido ex presidente Hugo Banzer (1971-78). El ex mandatario, quien luego gobernó democráticamente, fue acusado de regalar grandes extensiones a sus colaboradores.

Costas dijo que en el asunto de la tierra no están implicadas empresas transnacionales, como sospecha el gobierno.

Pero el viceministro de Tierra, Alejando Almaraz, ha señalado que extranjeros se han hecho ilegalmente de latifundios en zonas fronterizas.

Respaldó a Costas el Comité Cívico, donde las principales agrupaciones empresariales, entre ellas las organizaciones de propietarios de fundos y establecimientos productivos agropecuarios, tienen una notoria presencia.

Tras nacionalizar los hidrocarburos, la semana pasada, el gobierno afina un paquete de medidas para acelerar el saneamiento de tierras y la reversión de tierras "improductivas" para redistribuirlas entre indígenas y campesinos, anunció el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra.

"Nuestro objetivo es recuperar las tierras que no están siendo trabajadas. La política del gobierno está dirigida no sólo a regularizar el derecho de propiedad, sino a impulsar la mecanización agrícola", dijo Salvatierra.

La oposición y algunos analistas consideran que las medidas "revolucionarias" del gobierno apuntan a que el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) gane las elecciones de representantes para la Asamblea Constituyente, prevista para el 2 de julio.

Bolivia ejecutó una reforma agraria en 1953, pero la falta de continuidad en las políticas de estado permitió que grupos de influencia política y económica acapararan tierras, sobre todo en el oriente.

En 1996, una ley ordenó el saneamiento de tierras, pero diez años después el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sólo pudo sanear 17% de las 107 millones de hectáreas a las que debía alcanzar la medida.

En los últimos años han ido en aumento los enfrentamientos entre latifundistas del oriente e indígenas del occidente debido a la invasión de propiedades privadas por parte de grupos del autodenominado Movimiento Sin Tierra (MST).

En Santa Cruz se han iniciado campañas privadas para impedir que se provea de tierras en la región a campesinos e indígenas que no hayan nacido allí.