EFE.- Los líderes del Senado de los Estados Unidos lograron hoy un nuevo acuerdo bipartidista para la reforma migratoria, que incluye la legalización de determinados inmigrantes indocumentados y ya ha suscitado reacciones negativas.
El acuerdo, impulsado por los republicanos Chuck Hagel y Mel Martínez, fue anunciado a bombo y platillo, pero aún está en ciernes, ya que los senadores demócratas y republicanos continúan negociando los detalles de quiénes y cuántos inmigrantes indocumentados saldrán beneficiados.
Desde Charlotte (Carolina del Sur), el presidente George W. Bush expresó su satisfacción por las negociaciones, pero insistió en que el Congreso le envíe una "reforma migratoria integral" y alentó a los legisladores a que "trabajen duro" para lograrla.
El republicano Arlen Specter, presidente del Comité Judicial del Senado, afirmó en una rueda de prensa que el acuerdo representa una opción preferible a quedarse sin ley.
Este acuerdo "nos permitirá concluir un importante proyecto de ley" para corregir el sistema de inmigración en los Estados Unidos, dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist.
El líder de la minoría demócrata, Harry Reid, agregó que quizá se pueda "bailar en el Senado en las próximas horas", una vez que la Cámara Alta acuerde proceder a la votación definitiva de la alternativa anunciada hoy.
Al tiempo que se anunciaba el acuerdo, en el pleno del Senado los demócratas sólo lograron 39 de los 60 votos mínimos necesarios para poner fin al debate y proceder a votar otro proyecto de ley de inmigración que patrocinaba Specter.
Los republicanos más conservadores torpedearon la medida de Specter por considerar que otorgaba una "amnistía disfrazada" a los indocumentados.
La iniciativa de Specter, aprobada por el Comité Judicial el pasado 27 de marzo, incorporaba ideas de los senadores John McCain (republicano) y Edward Kennedy (demócrata), entre ellas las de crear un programa de trabajadores temporales y reforzar la vigilancia fronteriza.
Kennedy dijo que el nuevo acuerdo es "duro pero justo" y que el Senado ha escuchado "la voz de los norteamericanos, a través de sus iglesias y escuelas".
McCain reconoció que aún quedan obstáculos, pero dijo confiar en que se logrará un acuerdo con amplio apoyo popular.
La medida Hagel-Martínez, negociada por Frist, a la que ahora se han sumado Specter, McCain y Kennedy y que el Senado prevé debatir y llevar a votación en las próximas 24 horas, allana el camino hacia la legalización y eventual ciudadanía de unos siete millones de personas.
Para recibir ese beneficio migratorio, los solicitantes tendrían que pagar una multa de 2.000 dólares y demostrar que han trabajado al menos tres años consecutivos, están al día del pago de impuestos estatales y federales, carecen de antecedentes penales y tienen conocimiento del idioma inglés y de la historia de los EE.UU.
La iniciativa Hagel-Martínez establece tres categorías de inmigrantes y da preferencia a los que llevan más de cinco años en los EE.UU., aproximadamente siete millones del total de cerca de doce millones que se cree que viven en el país.
Los que tienen entre dos y cinco años en este país -unos tres millones- tendrían que salir de los EE.UU. y viajar a un punto de entrada y allí tramitar un permiso temporal de trabajo, para solicitar su regularización eventualmente.
Los que llevan menos dos años no tendrían más remedio que regresar a sus países de origen.
El nuevo acuerdo, que ha suscitado la repulsa de varios grupos pro-inmigrantes, también aumenta de 290.000 a 450.000 el número de tarjetas de residencia permanente, pero sólo por un período de diez años.
La Coalición Nacional para la Inmigración (NCIC), del área de Washington, se opone al nuevo plan porque, en su opinión, no es una solución integral ni justa.
"Los que llevan menos de cinco años acá jamás se inscribirían en un programa que no les da garantías y que más bien los expone a una mayor marginación y explotación", dijo Jaime Contreras, presidente del grupo.
Cualquier ley que salga del Senado tiene que ser armonizada con una, más punitiva contra los inmigrantes indocumentados, que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 16 de diciembre.
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