EFE.- El documento de 271 páginas, difundido por el Gobierno irlandés, es fruto de dos años de investigaciones dirigidas por el juez retirado Frank Murhpy.
El informe analiza la respuesta de la Iglesia Católica del país a las acusaciones de abusos presentadas por las víctimas durante los últimos 40 años y critica la actuación de la Policía Nacional (la Garda), cuyas investigaciones fueron "inadecuadas".
Antes de 1990, explicó Murphy, ciertos miembros de la Garda parecían reticentes a investigar adecuadamente denuncias de abusos sexuales.
El magistrado también reveló que, en ocasiones, se pagó a los denunciantes si el sacerdote acusado había fallecido.
De acuerdo con el informe, de los 21 clérigos investigados, seis habían muerto antes de que se denunciase su supuesta implicación en abusos sexuales.
Según Murphy, la evolución de la reacción de las autoridades eclesiásticas de Ferns respecto a este asunto ha variado de acuerdo a dos factores.
Uno de esos factores es el creciente conocimiento por parte de médicos, en particular, y de la sociedad, en general, de la naturaleza y consecuencias del abuso sexual de menores.
El otro se refiere a las diferentes "personalidades y estilos de mando" de los obispos que han dirigido los destinos de la Diócesis de Ferns.
Por ejemplo, la indagación indica que, entre 1960 y 1980, el difunto obispo Donal Herlihy no abordó este problema como un asunto "criminal" sino sólo "moral", "exiliando" a sacerdotes implicados a otras parroquias o diócesis y reintegrándolos después en Ferns.
El informe apunta que Herlihy, no obstante, reconoció en 1980 que los abusos sexuales de menores por alguno de sus clérigos tenían una dimensión "psicológica y médica", por lo que califica de "adecuada" la decisión de someterlos a tratamiento psicológico profesional.
Sin embargo, el texto critica al obispo por "ordenar sacerdotes a individuos" que, según los exámenes de psicólogos, "eran totalmente inadecuados para el ministerio", una decisión que la investigación califica de "inapropiada e inexplicable".
En el caso del obispo Brendan Comiskey, sucesor de Herlihy, el informe dice que, "casi siempre, pasaron largos periodos de tiempo" antes de que éste pudiese convencer al sacerdote bajo sospecha para que abandonase su puesto y se sometiese a tratamiento psicológico.
Y en ningún caso, continúa el informe, el obispo de turno logró que los subordinados sospechosos de abusar de menores abandonasen el ejercicio de su profesión.
Comiskey dimitió de su cargo hace tres años, después de que se le criticase por su actuación en el caso del sacerdote Sean Fortune, quien se suicidó en 1999 antes de afrontar un juicio en el que estaba acusado de violaciones de menores.
Respecto al obispo Eamonn Walsh, quien accedió al cargo en 2002, la investigación celebra que el nuevo inquilino haya puesto en funcionamiento mecanismos efectivos para la protección del menor, aunque lamenta que "no se haya conseguido antes".
En abril de 2002, tres de los 21 curas investigados fueron expulsados por el Vaticano, otros siete abandonaron la curia voluntariamente y uno está retirado.
La Garda recibe informes periódicos del paradero y actividades de los once sacerdotes y, según el juez, las autoridades están satisfechas con las medidas para proteger a los menores afectados.
Para afrontar este tipo de casos, la mayoría de las diócesis católicas en la República de Irlanda tienen desde 1987 contratos millonarios con compañías aseguradoras, para hacer frente a las posibles denuncias de abusos sexuales contra menores.
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