El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Belluscio, renunció a su cargo como ministro del máximo tribunal, al que se incorporó en 1983 a propuesta del entonces presidente Raúl Alfonsín.
Belluscio entregó una carta con su dimisión al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, y justificó la renuncia -que se hará efectiva a partir del primero de septiembre próximo- en su avanzada edad: 75 años.
El alejamiento de Belluscio abre la quinta vacante que se produce en la Corte desde la asunción de Kirchner como presidente, el 25 de mayo de 2003.
Kirchner ya eligió a cuatro de los actuales integrantes de la Corte -Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay- y tendrá la oportunidad, desde septiembre, de proponer a un quinto miembro.
Belluscio permanecerá en el cargo hasta septiembre porque, según consta en el texto de su renuncia al que tuvo acceso DyN, como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no desea obstaculizar los juicios políticos que afrontan los jueces Juan José Galeano y Juan José Mahdjoubian.
Y, en caso de declinar su función ahora, deberá también dejar de ejercer su tarea en el Jury.
Su historia
Belluscio es especialista en Derecho Civil y, dentro de esa rama, en Derecho de Familia.
De simpatías radicales, Belluscio fue nombrado juez de la Corte el 21 de diciembre de 1983, cuando Alfonsín llevaba apenas 11 días en el gobierno al que pondría fin de manera anticipada del ྕ, cuando asumió el peronista Carlos Menem.
Durante el menemismo, Belluscio formó parte a veces de la mayoría que solía fallar en sintonía con las aspiraciones de la Casa Rosada, pero otras veces eligió la minoría rebelde.
En plenos 90 protagonizó una memorable pelea con el ministro Domingo Cavallo, a quien Belluscio querelló por delitos contra el honor. El economista, finalmente, se vio obligado a pedirle perdón públicamente.
En el año 2002 Belluscio fue uno de los tres ministros que votó en favor de la pesificación de depósitos en dólares a 1,40 cuando la Corte, por mayoría, declaró la inconstitucionalidad de esa medida. Luego, en el gobierno de Kirchner, el máximo tribunal cambió su criterio.
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