Condenan a doce años de prisión a Arancibia Clavel

Al cumplirse el trigésimo aniversario del crimen de Carlos Prats y su esposa por el que ya fue condenado a cadena perpetua, el ex espía chileno fue sentenciado a otros doce años de reclusión por secuestro

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El ex agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel fue condenando ayer a 12 años de prisión por el secuestro de dos ciudadanas de ese país durante la última dictadura militar, en el marco de la implementación del Plan Cóndor.

Arancibia Clavel -quien ya cumple una condena a prisión perpetua por el homicidio de Carlos Prats y su esposa-- fue condenado por los jueces del tribunal oral federal 5 que lo encontraron culpable de la privación ilegal de la libertad que el 12 de julio de 1977 sufrieron en la Argentina, las chilenas Laura Elgueta Díaz y su cuñada Sonia Magdalena Díaz Ureta.

"Estoy tranquila porque se ha cometido un acto de justicia", precisó Elgueta Díaz al término del debate desarrollado en los Tribunales Federales de Retiro, cuando dedicó la condena a su hermano Raúl Elgueta Díaz, quien aún hoy se encuentra en calidad de "detenido desaparecido".

Recordó además a "todos los desaparecidos chilenos en el marco del Plan Cóndor y muy especialmente al general Prats".

Arancibia Clavel recibió la segunda condena en su contra el mismo día en que se cumplieron 30 años del homicidio del general chileno, quien -se sospecha- fue perseguido y asesinado en la Argentina por su relación con el ex presidente socialista Salvador Allende, derrocado en 1973 por el ex dictador Augusto Pinochet.

El primer juicio oral contra el ex agente de la policía secreta chilena se concretó hace cuatro años cuando un tribunal lo condenó a la pena de reclusión perpetua por haber liderado una asociación ilícita que perpetró el homicidio de Prats y su esposa y Sofia Cuthbert al dinamitar su vehículo en el barrio de Palermo.

Justamente, en el marco del juicio oral que se desarrolló en su contra por el homicidio de Prats, se descubrió que dos ciudadanas chilenas habían sido secuestradas en la Argentina y alojadas en un centro clandestino de detención durante algunas horas, y que en ese grupo de tareas había participado el ex agente de la DINA.

El 12 de julio de 1977 Díaz Ureta y su cuñada Elgueta Díaz, ambas de 18 años, fueron capturadas en una casa del barrio de Monserrat y trasladadas al centro clandestino de detención 'Club Atlético'.

Las jóvenes fueron secuestradas por un grupo de 20 personas que dijeron ser miembros "de las Fuerzas Conjuntas del Ejército" y les informaron que debían ser llevadas para "un breve interrogatorio" por averiguación de antecedentes.

Las mujeres fueros trasladadas al 'Club Atlético', donde fueron insultadas, les sacaron las joyas y sus documentos y cuando preguntaron los motivos por los que estaban allí, les contestaron: "porque Pinochet lo quiere".

Tras ser liberadas, las mujeres vieron a dos de sus captores pero recién pudieron identificar a Arancibia Clavel 20 años más tarde, cuando encontraron por los medios su fotografía tras haber sido detenido por el homicidio de Prats.

Durante su alegato, la abogada de la querella, Alcira Ríos, sostuvo que "es un hecho incontrastable" que Arancibia Clavel participó en el secuestro de las mujeres en el marco de "un operativo típico del Plan Cóndor".

La letrada hizo hincapié en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad -que la Corte ratificó hace unas semanas al dejar firme la sentencia contra Arancibia Clavel por el caso Prats- y la fiscal de juicio María Graciela Fernández Orge insistió sobre el asunto y sostuvo que se trata de "una herida producida en la humanidad, que sigue abierta".

Esta mañana el acusado pronunció sus últimas palabras ante los jueces Luis Di Renzi, Raúl Madueño y Guillermo Gordo, oportunidad en la que proclamó "absolutamente inocente" de todos los cargos que se le imputaban.

Durante la etapa de alegatos del breve juicio oral -que duró sólo tres días y escucharon los testimonios de cuatro personas- la querella y la Fiscalía solicitaron el máximo de la pena, de 15 años de prisión.

Pese a que el Tribunal le dio tres años menos, la abogada querellante Alcira Ríos dijo estar conforme con la sentencia ya que el Tribunal "es una garantía de fallar conforme a derecho".