El parlamento argentino abrió ayer un proceso de juicio político contra el juez Antonio Boggiano, el último sobreviviente de la Corte Suprema acusada de servir a los intereses del ex presidente Carlos Menem.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados declaró ayer ''admisibles'' las denuncias contra Boggiano, el primer paso del proceso que seguirá con la acumulación de pruebas, y que podría culminar con la destitución.
Pese a que Boggiano fue acusado de formar parte de la llamada ''mayoría automática'' que respaldó sistemáticamente con sus fallos las medidas del gobierno de Menem (1989-99), se consideraba que iba a permanecer en su puesto, mientras que sus colegas más cuestionados ya fueron desplazados o renunciaron.
El recambio de la Corte de nueve miembros comenzó en junio del 2003 con la renuncia del ex titular de la Corte Julio Nazareno y continuó con la destitución de Eduardo Moliné O`Connor en diciembre pasado.
Después ocurrieron las dimisiones de Guillermo López, quien murió antes de concretar su retiro, y de Adolfo Vázquez.
Las renuncias impidieron la prosecusión de los juicios políticos ya abiertos en el Parlamento.
Tras declararse admisibles las denuncias contra Boggiano, el presidente de la comisión de Juicio Político, el diputado oficialista Ricardo Falú, explicó que la decisión se sostuvo por el principio de ''criterio igualitario'' con sus ex colegas.
Boggiano firmó junto a Nazareno sentencias que habían puesto en el banquillo de los acusados al ex presidente de la Corte, así como a Moliné ÓConnor y Vázquez, quienes quedaron fuera del máximo tribunal.
''La República necesita de conductas igualitarias, que no se utilicen dos varas distintas para medir la misma conducta'', dijo Falú.
El Parlamentario indicó que con esta actitud se demuestra ''que no había ninguna persecución personal o ideológica'' contra los ya removidos ex magistrados.
En Argentina, los jueces de la Corte son vitalicios y sólo pueden ser removidos si renuncian o a través de un juicio de destitución que realiza el Parlamento, en el que la Cámara de Diputados es la acusadora y el Senado es juez.
Desde su asunción, el 25 de mayo del 2003, el presidente Néstor Kirchner hizo suyo un reclamo de la sociedad e impulsó la renovación de la Corte Suprema, desprestigiada durante el gobierno de Menem, quien aumentó de cinco a nueve los miembros del alto tribunal.
Tras la selección de un juez en su reemplazo, se completará la renovación de la Corte encarada por Kirchner desde el inicio de su mandato, el 25 de mayo del 2003.
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