"La cifra de muertos se elevó a 31y los heridos sobrepasan los 23 y están internados en hospitales", declaró la portavoz de la Dirección de Centros Penales, Keina Mejía.
El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Pedro González, dirigía las operaciones de seguridad en el presidio, que aloja a unos 3.200 reclusos, y donde todavía no se había logrado controlar a los reos amotinados en uno de los pabellones.
El fiscal, Bonifacio De León, quien también se presentó esta tarde en el lugar, declaró que la mayoría de las muertes se produjeron por la explosión de granadas, aunque González no descartaba también lesiones de arma blanca.
De León aseguró que los causantes del motín son miembros de la llamada Mara 18, una de las dos principales pandillas juveniles que operan en El Salvador.
Los reclusos de la Mara 18 -que sufrieron cinco muertos en sus filas- según el fiscal, lanzaron seis granadas fragmentarias contra los reos comunes, y luego se escucharon disparos de pistolas.
Los reos heridos fueron conducidos por ambulancias de instituciones de socorro como Cruz Roja, Comandos de Salvamento y Cruz Verde, a los hospitales Rosales y Zacamil en la capital, donde el personal médico se declaró emergencia.
Mientras tanto, las autoridades del penal declararon "estado de emergencia" en virtud de que falta por revisar varios pabellones donde se mantenían los mareros y donde las autoridades presumían que hay más víctimas.
El subdirector de la Policía aseguró que el contingente de 200 efectivos de seguridad acordonaron el presidio, mientras la Unidad Táctica Operativa (UTO), cuerpo especializado, ingresó para evacuar a muertos y heridos.
La revuelta de los presos comenzó a eso de las 09H50 locales (15H50 GMT), cuando un grupo de reclusos se negó a ingresar a sus celdas e intentaron, infructuosamente escapar escalando uno de los muros que rodean el lugar.
Un grupo de guardias de la penitenciaria, ante el amotinamiento de los reos, se vieron obligados a disparar al aire sus fusiles automáticos M-16 para intentar contener la revuelta.
Para evitar la fuga de reos, la PNC también desplegó a parte de sus agentes en los contornos del penal, que es el más grande del país, pero no es considerado de máxima seguridad.
Un helicóptero de la Policía sobrevolaba la penitenciaria en apoyo a las unidades terrestres.
La carretera que conduce al penal también fue cerrada al tránsito como medida de seguridad ante el amotinamiento.
En uno de los pabellones de la prisión fueron colocados los 26 cadáveres, que deberán ser reconocidos por los forenses y fiscales quienes se presentaron para atender la emergencia.
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