El gobierno nacional resolvió hoy constituir la empresa Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (CORASA), con cien por ciento del capital en manos del Estado, y postergar sin fecha la reprivatización de ese servicio.
Así lo anunció el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien precisó que el presidente Néstor Kirchner firmó hoy el decreto de Necesidad y Urgencia 721 por el cual se cambia la figura jurídica del Correo, aunque no se descarta una futura reprivatización de la compañía.
La novedad se dio a conocer en la Casa de Gobierno, donde el ministro señaló que "nuestra vocación no es el estatismo, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona la gestión oficial en el Correo, porque observamos que el negocio tiende a consolidarse y los números podrían mostrar una rentabilidad interesante".
De acuerdo con lo establecido en el nuevo decreto, CORASA prestará el servicio oficial de correo, comprendiendo todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados oportunamente por ENCOTESA, y los restantes servicios que la ex concesionaria Correo Argentino S.A. estuviere habilitada a realizar, incluyendo el Servicio Postal Básico Universal.
De Vido formuló el anuncio junto al presidente de la Unidad Administrativa del correo oficial, Eduardo Di Cola, el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, y el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Fulvio Madaro.
La administración Kirchner encaró en junio del año pasado la revisión del contrato de concesión del Correo Argentino, por entonces operado por un consorcio encabezado por el Grupo Macri, y en noviembre resolvió quitarle la concesión del servicio "por culpa del concesionario".
En esa oportunidad, el gobierno decretó que en 180 días se procedería a llamar a licitación pública nacional e internacional a fin de volver a privatizar el servicio.
Hoy, De Vido señaló que dicho plazo se prorrogó "sin fecha fija" y consignó que "el presidente resolverá qué hacer en el futuro conforme evolucione la gestión del servicio".
Compañía rentable
El ministro indicó que la empresa está obteniendo superávit y es rentable, ya que controla 40 por ciento del mercado postal local. Además, consideró como de "una ayuda enorme" esta decisión política adoptada por Kirchner, que redundará en beneficio de los usuarios.
Pocos meses después de privatizado el servicio postal oficial comenzaron, y nunca finalizaron, las controversias entre el grupo concesionario y el Estado Nacional, motivadas en cuestiones tales como el retraso en el pago del canon semestral comprometido en el contrato, y presuntas deudas impagas del Estado por la prestación del servicio postal.
También, Macri reclamaba por el presunto compromiso del gobierno de entonces (Administración Menem) de impulsar cambios en el estatus laboral de los empleados del correo, argumentando que sin ello, la gestión económica de la empresa resultaba inviable.
Ahora, el gobierno dice que la gestión estatal podría resultar redituable, incluso sin alterar la actual situación de los trabajadores de la compañía.
No obstante, De Vido no dio precisiones cuando se le pidieron cifras del servicio en los últimos seis meses. Sólo refirió que "la facturación proyectada para este año ronda los 500 millones de pesos", y que "los números dan en azul y podría llegarse a una rentabilidad interesante".
El flamante decreto dispone que del 100 por ciento del capital de la nueva sociedad estatal, 99 por ciento estará en manos del Ministerio de Planificación y el 1 por ciento restante corresponderá al de Economía.
Desde su constitución, el CORASA pasará a ser titular del patrimonio afectado al Estado Nacional mediante el decreto 1075/03, que estableció pautas de administración provisoria del servicio postal oficial, a cargo de una Unidad Administrativa presidida por el ex diputado Eduardo Di Cola.
La nueva empresa será además titular de los bienes inmuebles, muebles e inmateriales que integraran el inventario afectado a la ex concesionaria Correo Argentino.
Asimismo, se estableció que "la totalidad del personal afectado a la ex concesionaria continuará prestando sus servicios" en CORASA.
El Ministerio de Planificación supervisará el desenvolvimiento de CORASA, y aprobará su plan de acción y presupuesto.
El decreto conocido hoy faculta a la nueva Sociedad para, dentro de un plazo de noventa días, "contratar por sí nuevo personal, pudiendo hasta el momento de la privatización efectuar la contratación de bienes y servicios, para permitir a la nueva empresa la continuidad de las prestaciones".
La Unidad Administrativa encabezada por Di Cola quedará suprimida a partir de la puesta en funcionamiento del CORASA, pero la Presidencia de esta nueva empresa recaerá en el propio Di Cola.
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