Trabajadores de un instituto médico que funciona en la zona del porteño Parque Centenario cortaron ayer el paso de vehículos por la avenida Díaz Vélez tras denunciar un violento desalojo por parte de la policía en medio de un conflicto de índole comercial y laboral.
El problema afecta al Instituito Médico de Cirugía Cardiovascular, situado en Otamendi 4792, esquina Díaz Vélez, que fue ocupado por los trabajadores con la esperanza de convertirlo en una cooperativa tras la declaración judicial de una quiebra.
Los empleados denunciaron haber sido desalojados ayer por la policía en un operativo efectuado por la comisaría 11, que dejó un resultado de dos empleados con heridas leves y un detenido por "resistencia a la autoridad y lesiones", quien recuperó su libertad después de tres horas.
La orden de desalojo fue impartida por la jueza Matilde Ballerini -la misma magistrada del Caso Brukman- que entiende en la quiebra del IMECC, justo el día en que la cooperativa formada por los trabajadores (Fenix Salud), el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y un grupo de legisladores negociaba con el gobierno porteño el alquiler del inmueble.
Los legisladores porteños Diego Kravetz, Beatriz Baltroc, Rubén y Tomás Devoto, y el diputado nacional José Roselli, se ofrecieron incluso actuar como "depositarios judiciales" en el instituto médico hasta que se resuelva el conflicto.
"Nos ofrecimos ser depositarios judiciales, es decir hacernos cargo de los bienes, hasta que el tema tenga una solución definitiva, pero nos encontramos con una jueza terca que no entiende razones", dijo Kravetz, quien también es abogado del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas .
La quiebra del instituto se decretó en junio de 2003, con una deuda de 6 millones de pesos, más otro millón y medio en calidad de salarios caídos.
Recién el 30 de diciembre de ese año, se puso la faja de clausura, y desde entonces una guardia de trabajadores, de los 54 que componen la cooperativa, se ha ido turnando para preservar los elementos de alta tecnología que dispone el IMECC.
Florencia Kravetz, abogada de los trabajadores, aseguró: "Ofrecimos un millón de dólares para levantar la quiebra. Nuestra oferta ascendió a $2,9 M. Sin embargo, la jueza se mantuvo en su tesitura de mantenerla cerrada".
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