BUENOS AIRES. A media tarde de ayer en España, un grupo de unas cincuenta personas, identificadas como pertenecientes a una corporación de asambleas vecinales, entró en el Consulado de España en la ciudad argentina de Córdoba. «Primero fueron entrando de uno en uno, después por parejas, hasta que fueron suficientes para abrir las puertas de par en par y dejar pasar al resto, que estaba acompañado de cámaras de televisión», relató un funcionario español a ABC.
Ausente el cónsul, Manuel José Villavieja, el canciller, Mariano Jesús Collado, propuso escuchar a una delegación para que expusiera sus reclamaciones. No obstante, la oferta fue rechazada. Los asaltantes pretendían ser recibidos en masa y acompañados por los reporteros gráficos.
El personal de seguridad del Consulado tuvo que intervenir para evitar que el asalto se convirtiera en una toma incontrolada de la legación diplomática. Al menos un policía resultó contusionado. Horas después, la propia Policía de Córdoba procedió al desalojo pacífico de los intrusos, que se produjo sin incidentes. El grupo, formado por mujeres, hombres y ancianos, arremetió contra la ley de extranjería, los capitales nacionales, el alineamiento de Madrid con el FMI y un «sometimiento» que consideran histórico.
España tiene consulados en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca. Desde que estallara la crisis argentina, el pasado mes de diciembre, algunas de estas dependencias han sufrido intentonas para ser ocupadas y han sido víctimas de amenazas y agresiones. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron a ABC que desde Argentina se ha pedido más seguridad para las sedes diplomáticas españolas.
Ley de Subversión Económica
Los incidentes se produjeron al día siguiente de conocerse la convocatoria de una cumbre de Gobernadores con Duhalde, para el lunes, y de que la Cámara de Diputados aprobase un proyecto, distinto al presentado por el Ejecutivo, para modificar la polémica ley de subversión económica que condena delitos que pongan en riesgo la estabilidad financiera del país. Amparados en esta norma los jueces gozan de amplios poderes que se están traduciendo en el acoso a banqueros nacionales y extranjeros, como el caso de Ana Patricia Botín.
El supuesto revés legislativo al Gobierno deja en bandeja al Senado la posibilidad de anular la mencionada ley, tal y como exige el FMI para desbloquear ayuda económica a Argentina. Salvo que los gobernadores dispusieran otra cosa, el Partido Justicialista, pese a fisuras internas, daría este paso el martes en la Cámara Alta donde tiene mayoría suficiente.
CARMEN DE CARLOS. Corresponsal
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