La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles que la exclusión de su nombre de la lista de sancionados por parte de Washington sea el primer paso hacia el levantamiento absoluto de las restricciones impuestas a Venezuela, en medio del deshielo diplomático y la reapertura de relaciones formales entre Caracas y Estados Unidos.
Rodríguez se pronunció luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminara su nombre del registro de individuos sancionados, donde figuraba desde 2018, época en la que ocupaba altos cargos en la dictadura de Nicolás Maduro.
“Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos”, expresó Rodríguez a través de un mensaje en redes sociales.
El gesto de Washington se produce apenas días después de la reanudación de operaciones en la embajada estadounidense en Caracas, una señal de acercamiento tras siete años de ruptura diplomática.
Rodríguez, que asumió el cargo tras la detención y extradición de Nicolás Maduro a comienzos de año, calificó la decisión del gobierno de Donald Trump como “un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones”.
En su mensaje, instó a avanzar hacia “la construcción de una Venezuela próspera para todos”, reiterando su llamado al levantamiento de las sanciones sectoriales y personales que aún pesan sobre funcionarios y segmentos estratégicos de la economía venezolana.
La exclusión de Rodríguez de la lista de sancionados coincide con la visita a Washington de una delegación venezolana, encabezada por el encargado de negocios Félix Plasencia, para formalizar la restitución de la embajada venezolana en Estados Unidos. La sede diplomática había permanecido bajo custodia del Departamento de Estado desde 2023, tras el agravamiento de la crisis política en Caracas y la expulsión de representantes oficiales.
El cambio de postura de Washington hacia Caracas ha involucrado, en paralelo, la revisión del régimen de sanciones sobre la economía venezolana, en especial aquellas que afectan la industria petrolera y gasífera.
Desde la captura de Maduro y la llegada de Rodríguez al poder, el gobierno estadounidense ha flexibilizado restricciones en el sector energético, permitiendo a empresas internacionales explorar nuevas oportunidades de inversión en el país sudamericano. No obstante, el Departamento del Tesoro mantiene bajo control los ingresos por la venta de crudo venezolano, que son depositados en cuentas supervisadas por autoridades estadounidenses.
El viraje en la política económica de Venezuela ha estado acompañado por reformas que buscan atraer capital extranjero y revitalizar los sectores productivos más afectados por años de desinversión, sanciones y descontrol estatal.
La administración de Rodríguez ha avanzado en la promulgación de una nueva ley de hidrocarburos que reduce la intervención estatal y abre la puerta a la participación de empresas privadas, en línea con exigencias históricas de inversionistas y del propio gobierno de Estados Unidos.
Rodríguez ha intentado mostrar una imagen de pragmatismo y disposición al diálogo, promoviendo además una amnistía política limitada y la renovación de figuras clave en la administración pública y el aparato de seguridad. Washington, por su parte, ha condicionado cualquier levantamiento adicional de sanciones al avance real en materia de derechos humanos y garantías democráticas.
El trasfondo de este acercamiento es la estrategia de “máxima presión” que la Casa Blanca ha sostenido durante años sobre Caracas, bajo el argumento de que Venezuela representa una amenaza a la seguridad regional por sus vínculos con actores hostiles como Rusia, China e Irán.
La administración de Trump mantiene la supervisión sobre el flujo de divisas y la exportación de hidrocarburos de Venezuela como herramientas clave para incidir en la política interna del país caribeño.
A pesar de los gestos de distensión, la normalización plena de relaciones dependerá de la capacidad de Caracas para cumplir con los compromisos asumidos frente a Washington y de la voluntad política de avanzar en la apertura económica y el respeto a las libertades políticas.
(Con información de EFE y AFP)
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