La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, denunció que algunos tribunales del país se niegan a entregar constancias escritas del rechazo a solicitudes de amnistía a los familiares de los detenidos.
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó que la organización recibió múltiples denuncias de este tipo, calificando la situación como “grave” ya que impide ejercer recursos de apelación.
“No se permite apelar de la negativa (de amnistía) sin la copia de la decisión”, subrayó Himiob vía X.
En este marco, el martes pasado, el Parlamento venezolano aprobó una prórroga de 30 días para la comisión que supervisa el cumplimiento de la Ley de Amnistía aprobada en febrero. El proceso acumula más de 11.400 solicitudes y habría otorgado 8.084 libertades plenas, aunque persisten cuestionamientos sobre el alcance y la transparencia de la medida.
Según el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento, 7.782 de los beneficiados tenían libertad restringida bajo medidas cautelares, mientras que 302 estaban encarcelados.
La Ley de Amnistía abarca un periodo de 27 años, desde 1999, pero su aplicación se limita a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a numerosos presos políticos civiles y militares.
A más de un mes de la promulgación de la ley, las autoridades no publicaron el listado de amnistiados, pese a la petición del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Al menos 503 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, según el último balance del Foro Penal difundido el martes con datos actualizados al 23 de marzo.
La cifra, que incluye a 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, representa un descenso respecto a los 526 contabilizados a principios de mes, pero se conoce en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la discrecionalidad con la que los tribunales aplican los beneficios de la ley de amnistía.
De los 503 detenidos, 315 son civiles y 188 militares; 452 son hombres y 51 mujeres. Entre el total figura un menor de entre 14 y 17 años. La organización detalló además que más de 11.000 personas siguen sometidas a medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país o la obligación de presentación periódica ante tribunales, sin estar formalmente encarceladas.
Türk indicó ante el Consejo de Derechos Humanos que su oficina solicitó la lista oficial de los liberados y acceso sin restricciones a varios centros de detención, sin obtener respuesta favorable.
Su despacho solo logró verificar de forma independiente la liberación de unas 950 personas detenidas arbitrariamente, frente a las más de 7.000 que contabilizan las autoridades venezolanas. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó al funcionario de la ONU como “enemigo” del país.
El futuro de la amnistía en Venezuela depende de si los rechazos judiciales se consolidan como tendencia o si el mecanismo de apelaciones —destacado por el propio Jorge Rodríguez como vía disponible— logra revertir los casos excluidos.
La líder opositora María Corina Machado denunció que la ley funciona como una herramienta de “represión selectiva”, mientras organizaciones de derechos humanos la describen como un “espejismo” que no resuelve la crisis estructural del país. Más de 500 personas siguen detenidas y miles permanecen bajo restricciones, en contraste con el discurso de reconciliación que el gobierno presenta ante la comunidad internacional.
(Con información de EFE)
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