Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela fueron señalados por cometer crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos durante más de una década, según un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos creada por la ONU.
El documento, de 123 páginas y publicado este jueves, concluye que miembros de la GNB perpetraron y contribuyeron de manera directa a detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como a actos de violencia sexual o de género. Estas acciones ocurrieron tanto en el contexto de la represión de protestas como en operaciones de persecución política selectiva.
El informe examina el papel de la GNB en la represión de protestas masivas registradas en Venezuela en 2014, 2017, 2019 y 2024. Se documenta el uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el empleo de armas, algunas de carácter letal, disparadas de forma indebida.
La misión halló motivos razonables para creer que funcionarios de este cuerpo dispararon armas de fuego de forma indiscriminada y directamente en zonas vitales de los cuerpos de las víctimas.
Además, se denunciaron prácticas como la modificación de proyectiles para causar mayor daño, detenciones arbitrarias tanto masivas como selectivas, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencias, torturas, malos tratos y violencia sexual en centros de detención transitoria.
El contexto en el que se produjeron estos crímenes está marcado por un entorno prolongado de impunidad. La militarización de la seguridad ciudadana, legitimada por la fusión de funciones militares y policiales en la GNB, amplió el papel de este cuerpo en el control social y la represión interna.
Esta situación se vio facilitada por una cadena de mando altamente centralizada bajo la dirección del dictador Nicolás Maduro, quien ejerce como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin contrapesos efectivos para la rendición de cuentas.
El informe resaltó que la GNB fue determinante en la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución con motivos políticos. Según datos de la sociedad civil citados en el documento, la Guardia Nacional ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020, y desempeñó un papel clave en la captura y criminalización de opositores tras las elecciones de 2024.
En cuanto a la responsabilidad penal, la misión considera que tanto funcionarios de la GNB como altos mandos militares y políticos podrían ser responsables ante la justicia internacional, en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional (CPI).
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En los últimos años, el equipo estuvo integrado por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, quienes concluyeron su mandato el 31 de octubre.
La publicación del informe coincide con un momento de especial atención internacional sobre Venezuela, ya que se produce un día después de la entrega en Oslo del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardón que fue recibido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa debido a la ausencia de la premiada en la ceremonia.
Las conclusiones de la misión subrayan que los abusos documentados no fueron hechos aislados, sino que respondieron a un patrón sistemático de violencia y represión dirigido a someter a las víctimas.
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