La dictadura de Nicolás Maduro amenazó este lunes con suspender de inmediato todos los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, alegando que el pequeño país insular se ha alineado con Estados Unidos al recibir un destructor de la Armada norteamericana para ejercicios militares en el Caribe.
La propuesta, anunciada por la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez tras una reunión del sector petrolero, escenifica una nueva ofensiva diplomática de Caracas en respuesta a la presión militar y política internacional encabezada por Washington.
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Rodríguez sostuvo que la presencia del USS Gravely y el apoyo de Trinidad y Tobago a las maniobras estadounidenses constituyen una señal de “agresión” contra Venezuela y la región.
“Esta directiva, tanto su ministerio como su operador PDVSA, han decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre Trinidad y Tobago y Venezuela”, indicó,
El acuerdo en cuestión, en vigor desde 2015 y renovado en febrero, permite la explotación de yacimientos conjuntos de gas y la integración de infraestructuras de hidrocarburos.
La presión del régimen y su retórica de amenazas se intensifican en el contexto del mayor despliegue naval estadounidense registrado en el Caribe en más de tres décadas, liderado por el portaaviones USS Gerald R. Ford y apoyado por destructores, submarinos y fuerzas de asalto anfibio.
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La operación responde a la necesidad real de combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, aunque la dictadura chavista intenta deslegitimarla alegando que se trata de una maniobra para preparar una intervención y promover un cambio de régimen en Venezuela.
“La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha decidido convertir el territorio de este hermano país en un portaaviones de los Estados Unidos, en una colonia militar de los Estados Unidos para prestarse al plan guerrerista contra Venezuela y es una guerra por el petróleo y por el gas”, acusó Rodríguez en una transmisión oficial.
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Maduro y su cúpula recurren continuamente al discurso del supuesto asedio extranjero para justificar el aislamiento del país y presentarse como víctimas ante la comunidad internacional, mientras insisten en teorías de conspiración sobre complots regionales y acciones encubiertas de la CIA, sin presentar pruebas.
Caracas denunció haber desmantelado una supuesta célula criminal que, según ellos, planeaba atacar al USS Gravely para inculpar a Venezuela y justificar una escalada militar en la zona. Tampoco se presentaron pruebas de tales acciones ni se identificó a los supuestos mercenarios más allá de la retórica oficial.
La reacción del gobierno trinitario no tardó en llegar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago rechazó categóricamente las acusaciones del régimen chavista y negó cualquier intención de hostilidad.
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En su comunicado, recordó la historia compartida y los lazos fraternos que unen a los dos pueblos, e insistió en que la presencia del USS Gravely y otros operativos militares tienen como único fin reforzar las tareas de cooperación en seguridad, luchar contra el crimen trasnacional y brindar ayuda humanitaria en la región.
El gobierno insular también defendió los acuerdos energéticos y mostró su interés en mantener la colaboración con Venezuela, aunque subrayó que ni las maniobras militares ni su alineación internacional deben interpretarse como una traición o abandono de la soberanía nacional.
Mientras tanto, el USS Gravely permanecerá en Trinidad hasta el 30 de octubre como parte de una flota de siete embarcaciones desplegadas por la administración Trump.
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A este contingente se sumará el portaaviones Gerald R. Ford, símbolo de la superioridad naval estadounidense y fuente de inquietud adicional para el régimen de Caracas.
(Con información de EFE)
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