Murió otro preso político del régimen de Maduro tras ser privado de atención médica durante semanas

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) denunció este lunes la muerte del activista Reinaldo Araujo, quien se encontraba detenido desde el 9 de enero en el estado Trujillo. Su fallecimiento se suma a una serie de muertes de opositores bajo custodia del régimen de Maduro.

Araujo, identificado como dirigente de VV en la parroquia Juan Ignacio Montilla, en el municipio Valera, fue arrestado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando regresaba de una cita médica, según denunció su esposa, Zoraida Matute.

Medios regionales informaron que el activista era un comerciante reconocido en la zona y que su detención ocurrió mientras observaba una manifestación opositora.

Matute alertó en varias oportunidades sobre el deterioro de la salud de su esposo y solicitó asistencia médica, sin obtener respuesta.

“Su esposa denunció en días pasados su situación de salud y exigió atención médica para él, pero no le fue permitida”, afirmó VV en una publicación en X.

La jefa del partido, María Corina Machado, responsabilizó a la dictadura chavista por la muerte de Araujo y denunció el caso como una violación de derechos humanos.

“El régimen lo asesinó en la cárcel”, escribió en X, al tiempo que exigió una reacción de la comunidad internacional.

Con el fallecimiento de Araujo, ya suman 21 las personas que han muerto bajo custodia del chavismo en la última década, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.

Solo en los últimos meses, otros tres opositores han muerto en prisión tras denuncias de negligencia médica:

• Jesús Manuel Martínez Medina, de 36 años, miembro de VV, murió el 14 de noviembre de 2024.
• Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, y Alexander González Pérez, de 43 años, murieron en diciembre de 2024 en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.
• Osgual González Pérez, detenido el 1 de agosto de 2024, falleció en diciembre tras presentar un fuerte dolor abdominal. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se sospechaba que sufría hepatitis, aunque en el penal indicaron que se trataba de un cólico nefrítico.

El OVP ha reiterado su exigencia de que se investiguen de manera “exhaustiva, imparcial e inmediata” las muertes de personas detenidas y recordó que “la vida de los reclusos es responsabilidad del Estado venezolano”.

Crisis de derechos humanos

La crisis política en Venezuela se ha intensificado tras la fraudulenta reelección del dictador Nicolás Maduro.

Según datos de la ONG Foro Penal, hasta mediados de febrero de 2025 había 1.061 presos políticos en Venezuela. Aunque unas 1.900 personas han sido liberadas, activistas han advertido que las detenciones arbitrarias continúan.

En respuesta a estos hechos, Vente Venezuela solicitó una mayor presión internacional.

“Deben actuar ante los criminales de lesa humanidad que hoy se aferran al poder y que condenan a cientos de venezolanos a la muerte”, escribió la organización en redes sociales.

Abogados consultados por el medio local Efecto Cocuyo señalaron que los familiares de personas fallecidas bajo custodia del régimen pueden interponer demandas contra la dictadura venezolana basándose en el artículo 272 de la Constitución.

Además, pueden recurrir al Protocolo de Minnesota, un marco legal internacional para investigar muertes bajo custodia y exigir justicia en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas y garantizar que los responsables de estas muertes enfrenten consecuencias legales.

(Con información de EFE y AFP)