El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por la dictadura de Nicolás Maduro, ordenó este viernes la intervención del Partido Comunista (PCV), al admitir un amparo constitucional introducido el pasado 10 de julio por un grupo que alega que la junta directiva actual es ilegal y “se ha alejado de los preceptos que rigen la organización”.
Esta sentencia de la Justicia chavista es similar a veredictos que emitió en 2020 contra los principales partidos políticos de la oposición.
La Sala Constitucional del TSJ nombró una “junta directiva ad hoc” en el PCV para que “organice los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados”, indica el fallo.
El dirigente que en julio pasado presentó un recurso contra la directiva comunista alegando que excluía a las bases de la organización, Henry Parra, fue designado presidente de la tolda.
Asimismo, nombró a Carlos Figueroa secretario de administración y finanzas, a Zoilo Aristegui como secretario de ideología, a Joahan Coraspe secretario de agitación y propaganda y a Robinson García como secretario por el trabajador agrario y campesino del partido político.
El PCV fue aliado del fallecido ex presidente Hugo Chávez (1999-2013), pero rompió con Maduro cuando el actual dictador empezó a flexibilizar férreos controles para tratar de reactivar la golpeada economía venezolana.
La organización política cuestiona igualmente la disolución de los salarios por la inflación y la depreciación de la moneda local, cuando el sueldo mínimo equivale a menos de 5 dólares, complementado con diversos bonos estatales.
El secretario general de la directiva depuesta, Óscar Figuera, había calificado a quienes presentaron el recurso judicial de “grupo mercenario” y los acusó de “una maniobra antidemocrática”.
En julio de 2020, el TSJ suspendió a la directiva de Voluntad Popular, el partido de los exiliados opositores Leopoldo López y Juan Guaidó.
El tribunal puso al frente de esa organización al diputado José Gregorio Noriega, adversario de Guaidó, quien entonces era reconocido como presidente encargado de Venezuela por parte de medio centenar de gobiernos.
Y en junio de ese mismo año el máximo tribunal había tomado medidas similares contra otros dos de los mayores partidos opositores: Acción Democrática y Primero Justicia.
Guadó calificó en ese momento al TSJ de “brazo judicial” del régimen de Maduro.
La intervención del PCV por parte del TSJ plantea serias preguntas sobre la independencia del poder judicial en Venezuela y la capacidad de los partidos políticos para operar libremente sin interferencia gubernamental.
La decisión también podría tener implicaciones significativas para las futuras elecciones y la dinámica política general del país.
La decisión del TSJ ha generado preocupación a nivel internacional. A finales del mes pasado, una petición firmada por más de 300 políticos, intelectuales, sindicalistas y activistas de diversos países instó a la dictadura de Maduro a evitar la “judicialización” del PCV. Esta petición refleja la preocupación global sobre la erosión de la democracia y la autonomía de los partidos políticos en Venezuela.
(Con información de EFE)
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