90 allanamientos ocurrieron en las últimas horas, realizados por fuerzas de seguridad como el área de Cibercrimen de la Policía Federal, con 24 detenidos, en más de una decena de causas a cargo de fiscales bonaerenses con jurisdicciones desde Azul hasta San Isidro. Los allanamientos se extendieron hasta Misiones, Córdoba y Mendoza. El delito en cuestión: puro guante blanco, financieras truchas que operaban en WhatsApp y en apps falsas de Google Play Store y que prometían, como siempre, réditos fabulosos que terminaban en nada. Una causa se destaca en particular.
Fue investigada por Patricio Ferrari, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de San Isidro, que ordenó a la Federal allanar cuatro objetivos ubicados en el Barrio Chino porteño y en Sinsacate, provincia de Córdoba. El blanco fue la organización en torno a la app Blue Mountain, disponible meses atrás en Google Play Store, liderada por un informático chino radicado en Argentina y que todavía no fue encontrado. Un bloqueo ordenado por el Juzgado de garantías que interviene en el expediente inmovilizó 8 millones de dólares cripto en diversas wallets vinculadas al caso.
Así, las víctimas caían, atraídas por un grupo de Facebook, que las llevaba a la aplicación en Google Play y a un grupo de WhatsApp con dos falsos asesores. La aplicación, básicamente, era una trampa, “un malware del tipo infostealer”, asegura un investigador.
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La fuente continúa: “Este tipo de software malicioso se encuentra específicamente diseñado para sustraer información sensible de manera encubierta, sin generar daños visibles inmediatos en el dispositivo comprometido”. Los pagos de las víctimas son notables. Un damnificado entregó casi ochenta millones de pesos a la organización.
El hombre es una gota en el mar. “De los créditos que recibió la cuenta en el escaso tiempo que estuvo abierta, se desprenden 3010 transferencias a favor por un total de $3.388.108.876,05 pesos”, asegura una fuente del caso.
Entre los objetivos allanados se encontraban, precisamente, los domicilios registrados del empresario, que no fue hallado y cuyo nombre se mantiene en estricta reserva. El hombre, ex empleado de una tienda de baratijas, registrado como empreasario y almacenero en ARCA, había creado una serie de empresas junto a diversos socios, dedicadas, en los papeles, al negocio tech.
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La empresa usada para los cobros de las víctimas fue creada por el empresario en 2023 junto a un contador de 26 años acostumbrado a hacer negocios con la comunidad china. La firma, insólitamente, figura en el Boletín Oficial como dedicada a la “compra, venta, comercialización, al por menor y/o al por mayor, distribución representación, importación y/o exportación, de todo tipo de carnes y sus derivados, aceites en general y aceite de oliva, vinos, productos alimenticios en general y todo tipo de productos comestibles”.
En 2025, durante el pico de los pagos de las víctimas, la sociedad cambió de autoridades. Dos ciudadanos bolivianos y peruanos se convirtieron en sus socios, entre ellos, un hombre peruano de 51 años con domicilio en Barracas.
Años atrás, el hombre cobraba un plan para acceder a una garrafa. Entre octubre y noviembre de 2025, ambos se convirtieron en las autoridades de dos sociedades polirubro. Una, por ejemplo, se dedicaba -siempre en los papeles- a “realizar operaciones de créditos hipotecarios, inversiones o aportes de capital a sociedades por acciones, y operaciones de comercio internacional”, de acuerdo al Boletín Oficial. Luego, estaba la empresa que recibía los pagos: la pareja entró a su directorio en octubre de 2025, el mismo mes que la víctima que pagó los 80 millones de pesos denunció el caso.
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El hombre allanado en Córdoba, por ejemplo, habría sido el receptor de un tercio del dinero que el grupo recaudó.