Tres agentes de la Policia de Rosario fueron condenados este martes tras aceptar un juicio abreviado en la investigación por corrupción y fraude ligada a la carga de combustible para patrulleros de la Unidad Regional II. Los condenados, en calidad de imputados colaboradores, son Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez.
En paralelo, el subsecretario de Control de las fuerzas de seguridad provincial Lucas Covacich elevó un escrito ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe para solicitar la destitución de todos los imputados en el legajo. En ese listado incluyó a: Rodrigo Domínguez, Gerardo Ramírez, Héctor Daniel Saucedo, Roberto Gabriel Blanco, Diego Santamaría, Fabián Fantín, Sergio López, Juan Alberto Villordo, Nanci Gabriela Plomer, Mario Rodrigo Brest, Fabián Oscar Becerra, Juan Manuel Herrera, Jorge Delgado y Gustavo Adrián Bazán.
La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal, donde la jueza Silvana Lamas González homologó el acuerdo entre el fiscal José Luis Caterina y las defensas, con penas reducidas por el aporte de los acusados. Inicialmente, el Ministerio Público de la Acusación solicitó penas de entre cinco y siete años de prisión, de acuerdo con el rol atribuido a cada uno.
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Según la sentencia, Ramírez recibió 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita, defraudación agravada y cohecho pasivo. López fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que Delgado recibió 2 años y 3 meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta, en ambos casos por asociación ilícita, cohecho pasivo, defraudación agravada y falsedad ideológica.
Los tres deberán cumplir durante tres años reglas de conducta, entre ellas firma mensual ante la Dirección de Asistencia Pos Penitenciaria, fijar domicilio y no tener contacto con otras personas vinculadas al legajo, precisó Rosario3. En el mismo escrito, se solicitó la destitución de Daniel Acosta. Aunque el exjefe de Policía ya se encuentra retirado, esto implicaría un cese de su haber mensual.
La maniobra fraude
La fiscalía identificó como principales responsables al ex jefe de la Unidad Regional II Daniel Acosta, para quien solicitó 12 años de prisión, y a su ex secretario privado Rodrigo Domínguez, para quien pidió una pena de 14 años. Ambos encabezaron una asociación ilícita que usó la cadena jerárquica policial para organizar la maniobra.
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La fiscalía sostiene que fondos públicos asignados a la carga de combustible de móviles policiales fueron desviados mediante consumos inexistentes o inflados, con participación de mandos policiales y de la estación Gas Auto Tiferno, y que parte del dinero regresaba como retorno ilegal a los integrantes de la estructura.
El documento de la fiscalía reconstruye una organización vertical que partía de Acosta y Domínguez y descendía hacia mandos medios y responsables operativos. En ese esquema también aparece Mónica Bianconi, titular de la estación de servicios Gas Auto Tiferno, para quien se pidió una condena de 8 años de prisión por haber facilitado la operatoria.
La evidencia reunida describe cargas diarias en patrulleros que estaban inmóviles, fuera de servicio e incluso incendiados. Los informes de GPS permitieron detectar que varios vehículos figuraban como abastecidos cuando no se movían o ya no estaban en circulación. Los investigadores también incorporaron fotografías de efectivos que retiraban sobres con dinero en la estación Tiferno.
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La acusación afirma que Daniel Acosta empezó a diseñar el esquema antes de asumir la jefatura y ubicó en puestos clave a personas de su confianza. Desde ese cargo autorizaba cargas extraordinarias con el argumento de la emergencia en seguridad y la necesidad de incrementar los patrullajes.
Con respecto a Rodrigo Domínguez, la fiscalía lo presenta como el organizador operativo de la recaudación ilegal y el encargado de disciplinar a los mandos medios. Según la acusación, Domínguez reclamaba pagos ilegítimos de manera sostenida y llegó a exigir entregas de dinero incluso mientras vacacionaba con Acosta en Brasil. El escrito fiscal sostiene además que acumuló un enriquecimiento considerable a partir de la maniobra.