En el Valle de Lerma, provincia de Salta, una menor de edad con discapacidad intelectual denunció haber sido víctima de explotación sexual facilitada por su entorno. Declaró que fue entregada por una mujer y cuatro hombres abusaron sexualmente de ella. Tras la detención de la acusada que oficializaba como nexo y que entregó a la adolescente a cambio de dinero, la fiscalía logró identificar a los hombres involucrados. El caso continúa bajo investigación judicial, mientras se espera avances en el esclarecimiento y sanción de los hechos denunciados.
De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de la fiscal interina Verónica Simesen de Bielke, identificó a los cuatro hombres mayores de edad señalados como responsables del abuso. La fiscal detalló que la mujer, también adulta, habría promovido y facilitado la prostitución agravada de la menor, coaccionando a la adolescente para que mantuviera relaciones sexuales a cambio de una suma de dinero.
Las detenciones se realizaron tras una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro. Personal de la Unidad de Investigación UDIS ejecutó los operativos en distintos domicilios del Valle de Lerma, donde incautó teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa. Los dispositivos electrónicos serán sometidos a peritajes para obtener evidencia digital que podría resultar clave para el proceso penal.
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Según la reconstrucción de los hechos, la mujer detenida habría contactado a los hombres y recibido una contraprestación económica por permitir el acceso carnal a la adolescente, quien padece una discapacidad intelectual. El Tribuno informó que la investigación busca determinar el tiempo durante el cual ocurrió la explotación de la menor y si existieron episodios previos.
Operativos y detalles de la investigación
La menor logró denunciar la situación ante las autoridades, lo que permitió activar el protocolo de protección y avanzar con la investigación. Estos procedimientos se rigen por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y los códigos procesales penales provinciales. La fiscalía mantiene abiertas varias líneas de pesquisa para determinar si existen más personas involucradas o si la modalidad se replicó en otros casos similares en la región.
La fiscalía solicitó que, conforme a lo previsto en el artículo 306 del nuevo Código Procesal Penal, los detenidos fueran sometidos a la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en un plazo de 24 horas. Durante la audiencia, la fiscal Simesen de Bielke comunicó a los acusados el hecho que se les atribuye, la calificación legal y el grado de participación, exponiendo además los elementos de prueba reunidos hasta el momento.
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Además, se investiga si los acusados formaban parte de una estructura organizada o si actuaron de manera individual bajo la intermediación de la mujer detenida. Mientras avanza la causa, los imputados permanecen privados de libertad y a disposición de la justicia. Las autoridades no descartan nuevas detenciones o imputaciones en caso de que surjan pruebas adicionales durante el análisis de los elementos recolectados en los procedimientos recientes.
La fiscal Simesen de Bielke insistió en la reserva de identidad tanto de la adolescente como de los acusados, en resguardo del proceso y de la integridad de la víctima. Además reiteró que el caso se trata con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, en línea con los protocolos vigentes para la protección de víctimas de delitos sexuales. La causa permanece en etapa de instrucción, con medidas de protección reforzadas para la menor, y el seguimiento de organizaciones especializadas que brindan acompañamiento psicológico y legal.