Vito Antonio L’Abbate se ganó un apodo incómodo en los Tribunales de la calle Talcahuano. “El Cositorto de los departamentos”, lo llaman algunos. El patriarca de su clan encabezó durante más de una década la red de empresas y fideicomisos Induplack, con firmas como Induplack SA e Induplack Fiduciaria.
Así, llevó al mercado 17 desarrollos inmobiliarios a lo largo de CABA, clásicas obras de pozo. Si uno tenía fe, ponía plata. Al final del camino, un departamento a buen precio esperaba. Sus hijos Emmanuel, Juan Ignacio y Santiago lo acompañaban en el negocio, junto a un colaborador, Patricio Gastón Flores.
Un fondo común de inversión aprobado por la Comisión Nacional de Valores en 2017 era uno de sus principales instrumentos de negocios.
Con el tiempo, el esquema de Induplack se derrumbó. Las denuncias en su contra comenzaron en 2020 en la Justicia penal, en paralelo a una larga serie de demandas por daños y perjuicios en el fuero civil. Las víctimas decían que los departamentos que pagaron, lisa y llanamente, no se entregaban.
La fiscal Mónica Cuñarro concentró las denuncias, para llevar adelante una larga investigación por los delitos de asociación ilícita y estafa bajo la firma de la jueza Paula González, con un procesamiento ampliado en diciembre de 2025. Vito y sus hijos terminaron presos en penales federales. El patriarca, por ejemplo, ocupa un catre en Devoto. El monto del embargo en la causa fue notable: $36 mil millones.
En las últimas horas, la fiscal Cuñarro emitió un duro dictamen. Allí, pidió a la jueza del caso que los L’Abbate y Flores sean elevados a juicio. Hablar de “el Cositorto de las inmobiliarias” tal vez sea quedarse corto: el caso podría ser la estafa inmobiliaria más grande de la historia argentina.
Hay más de 400 víctimas en el expediente investigado por Cuñarro. El daño se calcula en, como mínimo, 50 millones de dólares. Hay, por lo menos, 441 supuestos hechos de estafa.
En su acusación, la fiscal aseguró que, con su accionar, los imputados ejecutaron “un designio criminal único encaminado a defraudar a una masa de personas, damnificar a una cantidad de personas indeterminadas”, con obras que terminaron por perjudicar a los vecinos mismos, con aguas servidas y peligro de derrumbe.
En su nuevo planteo, Cuñarro avanzó con el pedido de indagatoria de siete nuevos sospechosos en la trama, cuyos nombres se repiten en las listas de fiduciantes de los pozos y de las composiciones societarias de las firmas fundadas por el clan L’Abbate. Estas sociedades, considera la Justicia, fueron instrumentales para el negocio.
“Se ha corroborado que desde el año 2008 los imputados se encuentran involucrados en 23 sociedades y que, a partir del año 2019, fecha en la que se incrementan notoriamente los desfalcos denunciados, se constituyen 14 de esas 23 sociedades”, dice.
“Así, esta asociación criminal que pudo actuar sin ningún tipo de control, puesto que sus miembros ocupaban todos los roles -ejercían de presidentes, vicepresidentes, accionistas, apoderados, directores, cuotapartistas- les permitió hacerse de grandes sumas de dinero en dólares y en pesos (principalmente en efectivo), las que fueron desviadas del destino prometido”, apuntó la fiscal.
“Para ello se valieron de este andamiaje societario, a la utilización de diversas formas jurídicas —entre las que destacaron fideicomisos, contratos de colaboración, contratos de renta fija, fondos comunes de inversión, etc.- lo que los autorizó a perjudicar a las víctimas”, finalizó.
L’Abbate padre, hoy con 66 años, dio sus explicaciones en un escrito presentado en abril de 2025 junto a su hijo Emmanuel. Allí, según otro documento de la causa, "intentaron justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares, por lo que empezaron a vender activos de la familia y de la empresa familiar y que nunca se quisieron concursar".
Emanuel L’Abbate afirmó: “El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden, por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios”. Sin embargo, el plan falló.