El fiscal Martín López Perrando apeló el sobreseimiento dictado en favor de Cristian Graf, el excompañero de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos aparecieron en el jardín de una casa, lindera a una vivienda en la que vivió Gustavo Cerati, en el barrio porteño de Coghlan y después de más de cuatro décadas de búsqueda.
Según informó el sitio oficial de fiscales.gob.ar, López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 resaltó que el encubrimiento, figura por la que acusa a Graf, es un delito autónomo y solicitó revocar el sobreseimiento para continuar con la investigación.
El recurso de apelación fue presentado ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, Alejandro Litvack, quien había dictado el sobreseimiento a favor de N. C. G., imputado por “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”. De acuerdo con la resolución del magistrado, el delito de homicidio, sucedido hace más de 41 años, se consideraba prescripto y, en consecuencia, también el encubrimiento.
El fiscal argumentó que la falta de imputación formal contra un presunto autor impide declarar la prescripción del caso, motivo por el que consideró improcedente el sobreseimiento. La apelación citó jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que sostiene que el encubrimiento puede investigarse incluso sin identificarse al autor principal del delito precedente, siempre que el hecho esté objetivamente acreditado.
La fiscalía reconstruyó los hechos a partir del hallazgo ocurrido el pasado 20 de mayo, cuando obreros que trabajaban en una vivienda ubicada en avenida Congreso, contigua a la del acusado, encontraron restos óseos.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó que el enterramiento original se ubicaba completamente dentro del predio de la casa donde vivía el imputado.
Ningún integrante de la vivienda alertó a la policía, y los testimonios recogidos por la fiscalía remarcaron la actitud de indiferencia del acusado ante el hallazgo. Se destacó que el imputado había pedido anteriormente a los trabajadores que tuvieran especial cuidado con una planta cercana al sitio exacto donde se encontraron los huesos.
Durante su declaración indagatoria, el acusado afirmó no recordar a Fernández Lima ni a otros compañeros de la escuela ENET N°36, donde ambos cursaron segundo año en 1983. La fiscalía calificó esa versión como “inverosímil” y subrayó la contradicción entre esta declaración y los testimonios de obreros, quienes aseguraron que el acusado mostró nerviosismo y conocía la existencia de la fosa.
La apelación del Ministerio Público describió tres explicaciones que ofreció el acusado a los presentes sobre el origen de los restos: una supuesta tumba vinculada a una iglesia, la existencia de un antiguo establo o la posibilidad de que un camión de tierra los hubiera depositado en el lugar. “Las manifestaciones de N.C.G. resultan absolutamente inverosímiles, y denotan un conocimiento previo de la existencia de esos restos”, afirmó el fiscal. Sostuvo que las acciones del imputado “encuadran exactamente en la figura del encubridor” y remarcó la importancia de no clausurar la investigación.
Para López Perrando, el encubrimiento se mantuvo en el tiempo y sólo cesó con el hallazgo de los restos. Consideró probado que el cadáver, tras ser desmembrado, fue ocultado deliberadamente y que la protección de la fosa, sumada a la actitud del acusado, confirman una intención de encubrimiento prolongado.
En la parte final del recurso, López Perrando reflexionó sobre el efecto del fallo en la familia de la víctima y expresó que “a Diego Fernández lo volvimos a matar”. El fiscal llamó a la justicia a develar la verdad de los hechos y concluyó que “clausurar esta investigación no puede ser la respuesta a este suceso”, reiterando el pedido de revocar el sobreseimiento y que la causa avance hacia el juicio oral, ya que “contamos con elementos suficientes para continuar con el proceso”.