A once años del hecho, la Justicia rechazó el pedido de libertad anticipada del gasista, condenado por la tragedia ocurrida en 2013 en Rosario, cuando explotó un edificio ubicado en la calle Salta 2141 por una fuga de gas.
Se trata de Carlos García, el único condenado por la explosión que se cobró la vida de 22 personas en 2013. Él fue el último en manipular el gabinete de gas tiempo antes de la explosión. Por esto mismo, en 2019 fue condenado a 4 años de prisión, algo que cumple en su domicilio debido a que es mayor de 70 años.
Faltando seis meses para cumplir con la totalidad de la pena, García había solicitado acceder al beneficio de la libertad anticipada. Sin embargo, la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto rechazó ayer su solicitud durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.
Frente a esto, Mónica Barroso Bonvicini, la abogada de la familia de Débora Gianángelo —una de las víctimas— consideró en un diálogo con el medio local La Capital: “Tanto la Fiscalía a cargo de David Carizza como la querella consideramos que, ante la conmoción pública del caso y por el hecho típico legal, no están dadas las condiciones para que pueda estar transitando la pena en estado de libertad”. Los Gianángelo son los únicos querellantes en la causa.
En ese sentido, aseguró que no existe un informe de la tobillera de García que demuestre con certeza que el culpable cumplió de manera estricta con la pena. A su vez, mencionó que el fallo fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que contiene una petición internacional que “involucra a los operadores de la Justicia y a operadores de la ejecución de la Justicia”. El objetivo de esta solicitud era ampliar la condena.
La tragedia en Rosario
La explosión se produjo el 6 de agosto de 2013 a las 9.38, en el edificio ubicado en Salta 2141, que ya registraba problemas con fugas y la presión del gas. Además de las víctimas fatales, 62 personas resultaron heridas y 238 inmuebles fueron afectados.
El expediente judicial lleva la carátula de delito de estrago culposo agravado. De las once personas que fueron llevadas a juicio por la Justicia provincial, diez resultaron absueltas y solo el gasista fue quien recibió una pena.
El fallo que únicamente condenó a García fue dictado en julio de 2019 por los jueces de primera instancia Marcela Canavesio, Rodolfo Zavala y Carlos Leiva. En marzo de 2020, la Cámara de Apelaciones en lo Penal integrada por los camaristas José Luis Mascali, Carina Lurati y Carlos Carbone confirmó la resolución. Después de eso, se elevó un recurso de queja presentado por el Ministerio Público de la Acusación y la querella ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que la rechazó.
En las dos sentencias fueron absueltos por “insuficiencia probatoria” José Luis Allala (gasista que hizo un trabajo previo en la torre); Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli (responsables de la administración del edificio); Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño (reclamistas de Litoral Gas); Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas); Viviana Leegstra (gerenta técnica de Litoral Gas); y Pablo Miño (ayudante de García).
Según la acusación de la fiscal Graciela Argüelles y la querella, la explosión había sido la consecuencia de “una cadena de negligencias” que involucraron desde el gasista que trabajó en la torre hasta el personal de Litoral Gas y los administradores del consorcio.
La fiscal Argüelles había dejado en claro durante el juicio y la investigación que el gasista Carlos García no cortó el suministro cuando comenzó a hacer los trabajos; tampoco la luz; no cerró la puerta de acceso al edificio; y no avisó a los vecinos cuando empezó el escape que duró aproximadamente 12 minutos.
García recibió un revés judicial en julio de 2023, cuando la jueza Prunotto le negó salidas laborales, puesto que pretendía realizar tareas de voluntariado en la Fundación Santuario de Fe.
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