La relocalización de la yaguareté Pará y sus dos cachorros al Parque Provincial Esmeralda, en la provincia de Misiones, quedó bajo la lupa judicial. Tras una investigación preliminar, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) judicializó del caso, que hoy tramita en el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miguel Ángel Guerrero.
A casi seis meses del operativo, el escenario es incierto: no hay confirmación sobre el paradero de la hembra y todo indica que los cachorros podrían haber muerto. El último dato del collar satelital que permitía monitorear a Pará corresponde al 20 de enero de 2026 y, hasta el momento, no se ha podido verificar su correcto funcionamiento. El día anterior, el 19 de enero, registraron imágenes en las que se la ve sola a través de una cámara trampa.
En el caso de las crías, la situación es aún más crítica: debido a su corta edad no contaban con dispositivos de seguimiento y el último registro en cámaras trampa data del 24 de octubre de 2025, en el sitio donde fueron liberadas una semana antes.
Ahora, la Justicia busca determinar si, en el traslado y monitoreo posterior, se respetaron los estándares técnicos y científicos exigibles para el manejo de una especie en peligro crítico de extinción. En ese sentido, el titular de la UFIMA, Ramiro González, advirtió que, tratándose de un Monumento Natural Nacional (la máxima categoría de protección jurídica), las autoridades intervinientes tienen una “posición de especial garante” respecto de su conservación y resulta necesario esclarecer si hubo omisiones, deficiencias o eventuales apartamientos respecto de los estándares exigibles en la materia.
Infobae consultó a los organismos involucrados en el operativo, entre ellos el Ministerio de Ecología de Misiones, pero el titular Martín Recaman optó por no responder preguntas.
Desde el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), su director Emanuel Grassi aseguró que la documentación técnica de la traslocación —incluidos informes de especialistas y material de respaldo— ya fue puesta a disposición de la Justicia, conforme a lo solicitado por la UFIMA.
Por su parte, el biólogo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y coordinador de Proyecto Yaguareté, Agustín Paviolo, indicó que no considera prudente brindar información adicional, dado que el caso ya tomó estado judicial.
Según pudo saber este medio, la causa primero fue derivada al Juzgado Federal de Posadas, pero el mismo se declaró incompetente en razón de territorio. Finalmente, llegó al despacho de Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado. “Para ello se tomó como referencia el lugar donde habría sido verificada la presencia de Pará por última vez, en el Parque Provincial Esmeralda, que se encuentra en el departamento San Pedro en jurisdicción de dicho juzgado”, indicaron fuentes judiciales.
De momento, el caso se investiga como infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. “Una vez que se hayan establecido los hechos, se tenga una teoría de lo que ocurrió y prueba que la respalde, se podrá subsumir el obrar en calificaciones jurídicas y establecer responsables”, apuntaron las mismas fuentes.
El caso de Pará no es un hecho aislado. En las últimas semanas, la Cámara Federal de Resistencia ordenó reabrir la investigación por la desaparición de la yaguareté Miní, en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco, un episodio que también había quedado sin esclarecer. La decisión refuerza un patrón que preocupa a especialistas y organizaciones: la dificultad para determinar qué ocurre con ejemplares monitoreados incluso dentro de áreas protegidas.
Sin rastros
El traslado de Pará y sus dos cachorros fue realizado el 17 de octubre de 2025. Como contó Infobae, el Ministerio de Ecología de Misiones lo presentó como “un operativo inédito en el país” que se realizó tras nueve días de trabajo conjunto entre organismos provinciales, nacionales y distintas organizaciones. Incluso, el Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lo destacó en sus redes. “Reafirmamos nuestro compromiso con la conservación de la especie más emblemática de nuestro amado Bosque Atlántico”, dijo.
La decisión se tomó luego de que la hembra fue detectada dentro del patio de una casa, lo que encendió alertas por posibles conflictos con los vecinos del área conocida como “2.000 Hectáreas”, lindera al Parque Nacional Iguazú. “Tenemos miedo por nuestros hijos”, aseguraban. En ese contexto, y sumado a que el animal habría depredado más de 50 perros, se optó por su captura y relocalización a un área protegida dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí.
Esa decisión es, ahora, objeto de investigación judicial. En la denuncia, el titular de la UFIMA advierte que, “frente a la posible afectación de ejemplares pertenecientes a una especie emblemática cuya preservación constituye una política pública prioritaria a nivel nacional, corresponde judicializar el caso, a fin de que se dispongan las medidas necesarias para esclarecer los hechos”.
Según surge de la investigación preliminar, tras la liberación, Pará se desplazó del sitio, de acuerdo con los datos del collar satelital, mientras que los cachorros permanecieron en las inmediaciones. Desde entonces, no volvieron a registrarse imágenes ni rastros de las crías. Actualmente, la incertidumbre también alcanza a la hembra, cuyo paradero se desconoce.
El seguimiento de la yaguareté está a cargo del Ministerio de Ecología, pero es el equipo técnico del Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) el que recibe los datos del collar, procesa las localizaciones satelitales, construye mapas y los comparte con un grupo operativo integrado por el propio Ministerio, el IMiBio, Güirá Oga y Aves Argentinas.
El monitoreo en campo, en tanto, depende exclusivamente del Ministerio, que desplegó cámaras trampa y tareas de telemetría para rastrear la señal VHF del collar, cuyo alcance varía según el terreno, desde menos de 500 metros hasta más de 4 kilómetros.
En una reunión de la Subcomisión Selva Paranaense del Plan Estratégico Nacional de Conservación del Yaguareté, realizada el 20 de febrero de 2026, se consideró, a partir de los datos disponibles hasta ese momento, que Pará mostraba un comportamiento “normal y saludable” y que no intentaba regresar a su lugar de origen tras el traslado. En ese contexto, se evaluó la realización de un vuelo de helicóptero para restablecer contacto con el collar.
Sin embargo, para entonces ya no se habían obtenido nuevas señales. Los rastrillajes realizados en la zona no arrojaron resultados y las condiciones climáticas (con lluvias copiosas) pudieron haber borrado posibles huellas. Tampoco las 10 cámaras trampa instaladas lograron captar nuevas imágenes, lo que profundizó la falta de información sobre el destino de los animales.
Un especie en peligro crítico
Por estos días, en la región de la selva misionera se puso en marcha un nuevo monitoreo binacional del yaguareté, una campaña científica que se realiza de manera periódica entre Argentina y Brasil para evaluar el estado de la población del felino más emblemático de la región.
El relevamiento se lleva adelante en el Bosque Atlántico del Alto Paraná, incluyendo áreas protegidas fundamentales como el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional do Iguaçu, territorios clave para la supervivencia de la especie.
Este monitoreo, que se realiza de forma periódica desde hace más de 20 años, utiliza una metodología precisa basada en cámaras trampa distribuidas en la selva, que permiten registrar a los animales en su hábitat natural. A través de estas imágenes, los especialistas logran identificar a cada ejemplar por el patrón único de sus manchas, lo que posibilita estimar la cantidad de individuos presentes.
Según los últimos datos disponibles, en la selva misionera habitan entre 64 y 110 yaguaretés, con una media cercana a 84 ejemplares, una cifra que evidencia una leve disminución respecto a estudios anteriores y que mantiene en alerta a los equipos de conservación.
Ese despliegue contrasta con lo que ocurre con Pará. Pese a la existencia de estos sistemas de seguimiento, la incertidumbre sobre su destino, así como la desaparición de Acaí, deja en evidencia la fragilidad extrema de la especie y las limitaciones que enfrenta la Justicia a la hora de investigar estos hechos. Como reveló la investigación Los expedientes del yaguareté, la mayoría de las causas por caza o tráfico ilegal en el país terminan archivadas.