La tradicional ronda de los miércoles frente al Congreso Nacional volvió a reunir a decenas de jubilados y pensionados que reclaman mejoras en sus condiciones de vida. En esta ocasión, dos mujeres de más de 60 años decidieron encadenarse a un semáforo, visibilizando la gravedad de la crisis sanitaria y social que atraviesan. Ante la presencia de un importante operativo policial, las manifestantes realizaron su protesta en pleno cruce de avenidas.
Una de las protagonistas, de 69 años, expresó ante el móvil de C5N su desesperación por la falta de acceso a la salud: “Nos están quitando el derecho a vivir debido a que nos quitaron las prestaciones médicas. No nos queda otra que hacer esto. Es por la salud, los recortes en el PAMI son espantosos”. Sostuvo en alto los estudios médicos que, según relató, no puede realizarse porque “la colonoscopía es cara y el PAMI no la autoriza. En 2025 no pude, este año tampoco, es permanente”.
La segunda mujer, también jubilada, explicó que debe pagar de su bolsillo el tratamiento para el asma: “El remedio me lo tengo que pagar 80 mil pesos y gano 350 mil. Muchos jubilados hoy usamos garrafas, que sale 29 mil, ¿cómo hacemos?”. Ambas remarcaron que la actual situación las obliga a tomar medidas extremas, ante la falta de respuestas de las autoridades y la persistencia de los recortes.
El reclamo principal de la movilización se centró en esta ocasión en el acceso a medicamentos y prestaciones médicas que, según denunciaron, han sido restringidos en los últimos meses. La ronda de los miércoles, que se realiza desde hace años, se consolidó como espacio de protesta frente al Congreso Nacional para exponer la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores en la Argentina.
Este mes de abril, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un total de $450.319,31. Ese monto incluye el incremento por movilidad de aproximadamente $11.000 y el bono extraordinario de $70.000, cifra que permanece congelada desde 2024. Sin embargo, manifestantes señalaron que esos valores resultan insuficientes para cubrir medicamentos, servicios y gastos básicos, en el contexto de aumentos sostenidos de precios.
Las mujeres encadenadas insistieron en que la imposibilidad de acceder a prácticas médicas elementales pone en riesgo sus vidas. Una de ellas relató ante las cámaras: “Me tienen que operar después de superar varios tumores. Tengo que hacer estudios médicos y no puedo”. Mostró la documentación que acredita su situación y subrayó que la negativa del PAMI a autorizar prácticas como la colonoscopía se extiende desde el año pasado.
La segunda jubilada denunció el costo de los medicamentos para el asma, que supera los 80 mil pesos, y la necesidad de adquirir garrafas de gas para calefacción, en un contexto en el que la mayoría de los jubilados percibe ingresos por debajo del costo de vida. “Gano 350 mil pesos y la garrafa sale 29 mil, ¿cómo hacemos?”, cuestionó durante la protesta.
Procesaron a un policía por empujar una jubilada
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Nicolás Emanuel Céspedez, integrante de la Policía Federal, por el delito de lesiones leves agravadas por abuso de su función en perjuicio de una jubilada de 82 años. El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025 durante una de las marchas más recordadas de los últimos tiempos frente al Congreso. Según el fallo, Céspedez hizo un uso desproporcionado de la fuerza contra una mujer mayor que necesitaba un bastón para caminar. El episodio quedó registrado en video y fue clave para la causa.
El tribunal, integrado por los jueces Martin Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, dispuso mantener el embargo de 40 millones de pesos sobre los bienes del acusado. En el expediente constan pruebas médicas que acreditan que la mujer sufrió traumatismo encéfalocraneano con herida cortante y lesiones provocadas por gas pimienta. La magistrada María Romilda Servini sostuvo que no existían elementos que demostraran la involuntariedad del acto ni una agresión previa por parte de la víctima.
Durante el proceso judicial, la defensa de Céspedez argumentó que el empujón fue un acto reflejo tras recibir supuestos golpes de bastón. Sin embargo, la Cámara consideró contradictorias sus versiones y resaltó que las filmaciones no muestran una agresión de la jubilada hacia los efectivos. El fallo también menciona que el agente no mostró preocupación por el estado de la víctima tras la caída.
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