“Esto para mí es importante. Primero porque es sanador, es un alivio al alma para nosotros y para que no se olvide el nombre de mi hija. Pero además porque es un precedente para otras familias, para que se tome en cuenta a una mujer que hace una denuncia, que se la vaya a auxiliar inmediatamente. Creo que esas disculpas las merecemos. Y todo lo que venga. Lo merecemos”. Anoche, Ana Margarita Soto habló con Infobae mientras esperaba el micro que la trajo a Buenos Aires desde Mar del Plata, donde vive.
Hoy, en un acto tan íntimo como simbólico en la ex ESMA, el Estado argentino le pidió perdón por el femicidio de su hija Analía Aros. Tomadas de las manos, escuchó las mismas disculpas Fernanda Albornoz, la hermana de Florencia Albornoz, asesinada también por su ex pareja y por la omisión negligente de funcionarios y organismos públicos que desoyeron los pedidos de ayuda; ciegos ante el peligro, indiferentes a la angustia de vivir sabiendo que quieren matarte.
Con representaciones del Ministerio de Justicia de la Nación y de la provincia de Buenos Aires; del Ministerio nacional y bonaerense de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y de los ministerios de Salud y de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; el Estado se comprometió a su vez a reparar el mal desempeño con acciones concretas, como capacitar en perspectiva de género a más de 20 mil policías, brindar asistencia psicológica a los familiares de las víctimas y otorgar una compensación económica.
Este combo de medidas de reparo fueron promovidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés) que intervino contra el Estado argentino frente a la presentación de las familias de Analía y Fernanda, acompañadas por la asociación “Atravesadxs por el Femicidio” y el equipo de litigio en Derechos Humanos “Justicia y Reparación”.
“No es normal en la región consensuar acuerdos de solución amistosa, especialmente en el cono sur. Existe una práctica de litigar hasta el final en la totalidad de los casos. Sin embargo, en este caso después de dos años el Estado acogió el acuerdo de Solución Amistosa, propuesto por la CEDAW, y nos sentamos en una mesa a conversar medidas de reparación”, explica Mario Fernando Candia Falcón, abogado de “Justicia y Reparación”.
Y continúa: “Teniendo en cuenta que el Estado no fue capaz de proteger a las víctimas a pesar de las reiteradas denuncias, lo mínimo, mínimo, mínimo para poder sentarnos en una mesa era que se le pidiera disculpas a las familias; a las víctimas indirectas, que son las madres, las hermanas, las hijas y los hijos de las mujeres asesinadas”.
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Analía Aros
La relación entre Analía Aros y Hugo Gutiérrez estuvo marcada por la violencia de género; física, verbal y psicológica. Era constante el griterío lleno de descalificativos y groserías. Eran constantes los golpes. Cuando pasaba el estallido, Hugo prometía que no habría más peleas.
El domingo 19 de marzo de 2017 Analía pasó la mañana en una de las playas de Mar del Plata, su ciudad. A las 15 horas regresó a la casa. Al rato Hugo, completamente borracho. La insultó y le pegó con los puños cerrados. Los tres hijos en común presenciaron todo. Tenían 6, 9 y 11 años.
En un descuido, Analía logró escapar al domicilio de sus padres. Sangraba. Y su mamá le pidió por favor que esta vez lo denunciara.
Analía tuvo que esperar durante horas para que la atendieran en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Mar del Plata. Pasadas las seis y media de la tarde logró solicitar la restricción de acercamiento contra su agresor, medida que abrió una causa por “lesiones desistidas” ante la Unidad Fiscal de Composición Temprana de Conflictos Penales, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Los policías, sin embargo, le informaron que recién en 72 horas podría saber si le otorgaban la perimetral. Analía se retiró de la comisaría como llegó: con el cuerpo dolido, todavía ensangrentada y sin auxilio.
“La ley aplicable define que el plazo sea de 48 horas. Ni los funcionarios policiales, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial adoptaron medidas que hubiesen permitido ofrecer protección a Analía mientras su solicitud fuese resuelta por las autoridades judiciales competentes. Esto, aun cuando las bases de datos disponibles en la comisaría indicaban que Hugo Gutiérrez tenía un amplio historial de violencia de género”, señala el informe presentado ante la CEDAW.
Analía se refugió con su mamá y papá adoptivo durante dos días. El 21 de marzo de 2017 se acercó a chusmear un terreno donde esperaba poder construir una vivienda para mudarse con sus hijos. Ahí la interceptó Hugo Gutiérrez. Le gritó, la insultó, le golpeó dos veces la cabeza y la estranguló con un cable. Al momento del femicidio, faltaban 24 horas para recibir alguna protección de la policía o la justicia.
En el año 2018, Hugo Gutiérrez fue condenado a prisión perpetua. Siguen sin investigarse, en cambio, las eventuales responsabilidades penales de quienes recibieron la denuncia de Analía en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Ciudad de Mar del Plata y la dejaron sola.
Florencia Albornoz
Florencia Albornoz y Miguel Ángel Mazo se conocieron en 2006 y se casaron dos años más tarde, cuando nació su hija Lara. Pero Miguel es un hombre violento, irascible, inseguro, que constantemente generaba discusiones y amenazaba de muerte a Florencia y a Valentín, hijo de Florencia de una relación anterior. Miguel cumplía funciones como policía. En una oportunidad, un disparo con su arma lastimó un piecito del nene. Florencia, entonces, decidió separarse.
Con el fin de la pareja comenzó un derrotero de denuncias que Florencia radicó en distintas comisarías de Quilmes. Pero Miguel prestaba servicios en la zona y por eso mantuvo la impunidad de ser guardián y verdugo al mismo tiempo.
Miguel entraba a la casa, la amedrentaba en el trabajo, en la calle. En uno de los cruces, sacó su pistola reglamentaria, le quitó el seguro y apoyó el cañón del arma en la frente de Florencia. Lara, la hija en común, presenció la situación de muerte. En otra oportunidad, se mostró en el quiosco de diarios donde Florencia trabajaba y tiró combustible con la intención de incendiarlo. Los vecinos llamaron a la Comisaría de Quilmes, primera sección. Los policías que respondieron, compañeros de Miguel, se lo llevaron a conversar y después se retiraron. Miguel reapareció en el quisco, no una sino dos veces más ese día, para amenazar a su ex esposa.
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Que Florencia fuera casi quemada viva por su agresor generó, finalmente, la restricción de acercamiento de Miguel Ángel Mazo. La medida cautelar estableció un perímetro de exclusión de trescientos metros de distancia del lugar de residencia y de trabajo, extendida sin plazo de agotamiento.
Los hechos denunciados originaron asimismo que las autoridades de la seccional desafectaran a Miguel de la Policía, aunque en la diaria se mantuvo en servicio y hasta le permitían pernoctar en la comisaría porque decía no tener sitio dónde dormir.
La madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel ingresó por sorpresa en una casa donde Florencia y su nueva pareja, Ernesto Escudero, compartían tiempo con unos amigos. Mató a Florencia y a Ernesto con dos disparos en la cabeza con su arma de servicio, y volvió a la unidad policial.
Miguel fue juzgado bajo la figura de doble homicidio agravado por el vínculo ─la tipificación del delito como femicidio no se encontraba en vigencia─, y en 2012 fue condenado, en última instancia, a 15 años de prisión. Durante el proceso judicial, los tribunales resolvieron rebajar la pena argumentando que la acción del agresor tuvo como origen la “emoción fuerte que le ocasionó ver cómo su ex pareja mantenía relaciones sexuales con otra persona”.
Guardianes y verdugos
Según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre el 1ero de enero y el 30 de junio de 2023 se produjeron en Argentina 151 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 2 trans/travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En paralelo, 188 hijos e hijas quedaron sin mamá, de los cuales el 56% son menores de edad. El 57 % de los agresores eran parejas o exparejas.
Capítulo aparte merecen los femicidios policiales. Los datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registran que entre 2010 y 2022 al menos 55 mujeres fueron asesinadas por efectivos policiales por motivos de género solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el “estado policial”, pone en riesgo a las mujeres que conviven con agentes entrenados por el Estado. En los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar.
Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS, precisa responsabilidades: “El Estado tiene la obligación especial de controlar el uso del armamento que provee a sus funcionarios públicos, así como de investigar cabalmente los hechos lesivos o letales que se cometen con esas armas y de prevenir que vuelvan a ocurrir casos similares en el futuro”.
También desde el CELS, Juliana Miranda aporta una ruta para trabajar la violencia machista en y con las fuerzas de seguridad: “Intervenciones en sus carreras de estudio, en la cultura institucional y capacitación continua para transformar patrones de conducta, de actuación, que calan súper hondo en las fuerzas. Reformas profundas y transversales. Y en cuanto al sistema político, se requieren respuestas institucionales. Específicamente, esta violencia que perpetran las fuerzas de seguridad no se ha abordado en forma eficaz y duradera. Creo que hace falta reforzar las capacidades de control -que tiene que ser de organismos civiles que dependan del Poder Judicial o de los propios ministerios de seguridad- y apuntar a detectar nodos problemáticos y regularidades a través de la producción de información estadística y cualitativa”.
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