En la semana del Día Internacional de la Mujer, organizaciones en contra del aborto presentaron en el Congreso, con el apoyo de legisladores "pro-vida", una línea 0800 de asistencia a mujeres con embarazos inesperados que comenzará a operar en abril a partir de un convenio con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
Se trata de una iniciativa impulsada principalmente por una red de iglesias evangélicas que integran la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera). En diciembre se materializó a través de un convenio firmado por el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Enrique Castelli, en representación de la cartera que dirige Carolina Stanley, y la titular de la Fundación Vida en Familia, Evelyn Rodríguez.
El miércoles pasado, en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, Rodríguez realizó la presentación junto a su hermano, el pastor evangélico Alejandro Rodríguez y su esposa, Martha Rodríguez. También estuvieron presentes otros representantes evangélicos, junto a los legisladores de Cambiemos Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Carmen Polledo, Cornelia Schmidt-Liermann y Jorge Enríquez y los diputados del massismo y el PJ, Rosa Muñoz y Walberto Allende.
Desde el 1° de abril, la línea telefónica gratuita comunicará a la mujer que llame con voluntarios de 200 organizaciones evangélicas de todo el país a cargo de un centenar de centros de asistencia para niñas, jóvenes y mujeres adultas con embarazos no planeados o en situación de vulnerabilidad. Planean a través de ella, según explicó a Infobae el pastor Christian Hooft, miembro del consejo directivo de Aciera y orador en la presentación, brindar ayuda "psicológica, médica, emocional, jurídica y espiritual".
"La idea es cubrir todo el territorio nacional por gente voluntaria capacitada que va a sumarse a esta misión. Se trata mayormente de gente que comparte ciertos valores en cuanto al pensamiento de salvar las dos vidas. Esta línea, está claro, no es un teléfono al que vas a llamar y te van recomendar hacer un aborto", señaló.
"De acuerdo al requerimiento de la necesidad específica de cada mujer, se intentará ayudar de la mejor manera. Se reciben todo el tiempo solicitudes en la iglesia de chicas en embarazos vulnerables, inesperados, mayormente de chicas que necesitan atención o que están en una situación social delicada", indicó. "Algunas atraviesan una crisis emocional, otras necesitan ayuda económica porque no pueden hacer frente a la maternidad y otras a veces necesitan asesoramiento jurídico por distintas cuestiones. La idea es poder ofrecer una atención integral. Tal vez sólo necesita un médico o alguien que la ayude a saber cuáles son su derechos".
Sin embargo, explicó Hooft, si la mujer lo requiere, la ayuda también es espiritual. "Quizás necesita un apoyo en lo que es su fe. Acá no se va a imponer nada. Si la persona lo pide se podrá brindar consejería y apoyo pastoral. Las crisis a veces hace tambalear también la fe. Esto está despegado de cualquier visión ideológica que se quiera transmitir. Es algo que se viene haciendo de manera individual en cada iglesia desde siempre, no es nuevo. Pero ahora lo haremos de manera mancomunada".
La participación del Ministerio de Salud y Desarrollo Social será a partir del financiamiento de la "Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable", a través de una partida presupuestaria de 1.430.000 pesos.
"Nos dicen antiderechos pero eso se cae porque esto es un apoyo del estado para cubrir algunos gastos de logísticos por única vez. Cubre los gastos, pero los trabajadores son todos voluntarios. Hay más de 14 mil iglesias evangélicas en todo el país y hacen un trabajo social como cualquier otro", señaló el pastor en ese sentido.
"Esto lo podría hacer el Estado pero lo estamos haciendo las organizaciones. La iglesia debe hacerlo para acompañar su postura y que esto no quede en un relato en defensa de la vida. El embarazo adolescente sobre todo en situaciones vulnerables es una problemática en el país y la iglesia no puede mirar para otro lado", continuó.
"Es una locura que el Estado entregue dinero para esto mientras desfinancia el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan de Acción contra las Violencias", manifestó en tanto Victoria Freire, referente feminista, socióloga y directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. "En este tema ningún sector religioso debería intervenir a través del Estado. Las políticas públicas deben ser laicas y estar dirigidas para garantizar derechos".
Hooft, que es pastor y abogado, cree que esta iniciativa es un aporte válido de la Iglesia "como integrante del tercer sector de la economía". "No somos socios del Estado ni queremos serlo, es un trabajo del sector social, recibimos apoyo como miles de ONGs en toda la Argentina. Tenemos que ser lo más transparentes posibles porque si ya se vuelca a cualquier interpretación ideológica estamos mal".
"Lo que demandamos las feministas es que el Estado implemente políticas públicas en defensa de los derechos existentes", señaló Freire en ese sentido. "Resulta inadmisible pensar que mientras existen provincias que no adhieren al programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, a la ESI, o incumplen las interrupciones legales del embarazo se estén firmando convenios con estas organizaciones que se oponen a estos derechos obtenidos". Y agregó: "Nadie podría creer que estas organizaciones evangélicas que militan contra nuestros derechos todos los días, y que por ejemplo torturaron a una niña tucumana hace dos semanas, van a hacer algún aporte para que estemos más contenidas y podamos decidir libremente".
"La crítica que se le hacía a la iglesia era 'se oponen pero no hace nada'. Bueno, esta es una manera de ayudar. También queremos ayudar con la prevención y esperamos que el Estado haga que se cumpla la ley de Educación Sexual Integral", indicó en tanto Hooft.
En el hipotético caso de que una mujer que llame esté involucrada, además, en una situación de abuso, explican desde Aciera, los voluntarios "que van a asesorar desde la fe" brindarán asesoramiento legal para ayudar a la víctima: "Queremos tener gente capacitada que pueda asesorar de manera integral. El aborto lógicamente no es el consejo que se le va a dar, ya que no es legal. Pero la ley establece abortos no punibles. Desde lo espiritual uno puede decir 'estos son los pro y los contras' y ahí ya es una decisión personal".
Y expresó: "Si sos cristiano, te digo lo que dice la Biblia. Pero hay libre albedrío, nadie impone nada. Además, nadie que quiera abortar va a llamar a la iglesia. Llama para buscar ayuda".
La iniciativa fue ampliamente cuestionada por legisladores, referentes sociales y organizaciones que apoyan la despenalización del aborto. Las diputadas Carla Carrizo, Brenda Austin, Teresita Villavicencio, Olga Rista, Claudia Najul y Alejandra Martínez presentaron un pedido de informes sobre el convenio para conocer en detalle el proceso de selección de la organización para llevar adelante el proyecto y cómo se determinó el monto de la partida.
También le exigen al Ejecutivo la lista completa de los centros de atención donde se derivan las llamadas e información sobre quienes dirigen y trabajan allí, cómo será el mecanismo de monitoreo de estos centros y si el asesoramiento se realizará en el marco de las leyes actuales sobre salud sexual y reproductiva, de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, los tratados internacionales y el protocolo de interrupción legal del embarazo de acuerdo con el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012.
En el escrito las legisladoras cuestionan por qué "se solapan y duplican esfuerzos que el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No
Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) tiene los mismos objetivos que el convenio suscrito" y si no sería más adecuado crear un 0800 en el marco de este plan.
La organización Amnistía Internacional, en tanto, también realizó otro pedido de acceso a la información pública sobre la línea que consideraron "un 0800 para violar derechos". En el texto, donde indicaron que "preocupa que pese a los claros lineamientos del Plan ENIA y el marco jurídico vigente, se promuevan Convenios que desatienden la obligación del Estado de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas", exigieron también un informe sobre los objetivos, la forma de intervención que se prevé y sobre "cómo se garantizará el secreto profesional médico/paciente en el marco de eventuales derivaciones de casos" la Red.
Fuentes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social indicaron a este medio que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) "lleva más de 3 mil convenios firmados con diferentes organizaciones, provincias y municipios", entre los cuales hay también relación con otros credos (como el caso de Cáritas y AMIA) para acompañar a madres vulnerables en el marco del Plan ENIA.
También señalaron que la prevención "es una prioridad para este gobierno", que el proyecto en conjunto con la Fundación Vida en Familia "tiene como objetivo la reinserción educativa y laboral de madres adolescentes embarazadas", prevé asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, y "financia diferentes actividades que realiza la organización".
SEGUÍ LEYENDO: