Celulares ocultos en panes o papas: un video muestra cómo ingresan elementos prohibidos en las cárceles de Santa Fe

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe pidió que se limite a dos kilos la cantidad de alimentos que pueden ingresar los familiares o amigos de presos durante los días de visita. Según argumenta, la cantidad ilimitada de este tipo de elementos hace que el acceso a los penales sea más dificultoso y que se entren objetos no permitidos "camuflados de las maneras más ingeniosas posibles".

Para reforzar su postura, el Ministerio difundió un video en el que se muestra el nivel de ingenio para ingresar elementos prohibidos: celulares o dinero ocultos dentro de panes, papas, zapatos y hasta en un paquete de sal. Son varias las formas que familiares usan para poder lograr el objetivo y mucha la mercadería que los guardias logran incautar antes de llegar a su destino.

El Servicio Penitenciario provincial brinda cuatro comidas a los internos durante el día. A partir de marzo, se comenzó a limitar el peso de lo que se puede entrar pero la medida quedó suspendida por un habeas corpus colectivo presentado ante la justicia con el aval de la Fiscalía del Estado. Por esta situación, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, a cargo de Juan Manuel Martínez Saliba, presentará un pedido de inconstitucionalidad frente a la resolución de la Cámara de Apelaciones.

La iniciativa de la cartera de Seguridad recibió un gran apoyo la semana pasada por parte de la justicia de Rosario, que decidió prorrogar por 120 días la limitación del ingreso a las cárceles del sur santafesino de paquetes de más de dos kilos por cada visitante. En el fallo, además se dispuso la apertura de una mesa de diálogo "a fin de consensuar una solución que contemporice la problemática de las requisas, las visitas y la alimentación de los internos teniendo en cuenta las circunstancias" de cada prisión, según publicó el diario La Capital.

Durante el tiempo en que la medida estuvo suspendida, no se llegó a acordarse una solución alternativa. Por un lado, los defensores públicos plantearon que la decisión de limitar el ingreso por visita es "inconstitucional", mientras que los representantes del Servicio Penitenciario argumentaron que se trata de una medida válida por cuestiones de seguridad.

Seguí leyendo: