Avanza el proyecto que penaliza con hasta 4 años de prisión la "pornovenganza"

La iniciativa apunta contra quienes difundan desnudos o videos de contenido sexual, sin el consentimiento de los protagonistas

En los últimos años, junto con el avance de la tecnología y las telecomunicaciones, con smartphones que pusieron una cámara en cada mano, crecieron los registros íntimos entre parejas poco o muy estables y todo derivó en lo que está a punto de convertirse en una práctica delictiva: la "pornovenganza".

El material grabado en la confianza que presupone el amor entre dos personas, empezó a volverse peligroso cuando esa relación que pensamos para siempre, por alguna razón se rompe. Por eso, en grupos de WhatsApp e inclusive de Facebook, comenzó a circular ese material privado, utilizado por algunos a veces de manera extorsiva o como una forma de venganza.

Ahora, un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad ayer miércoles en el Senado y ya giró a Diputados, busca hacer frente a esta situación que creció en los últimos años, porque apunta a efectivizar la penalización por la difusión de imágenes de desnudez o videos sexuales, sin que haya consentimiento de quienes participan de los registros.

Quienes sean condenados estarán obligados a llevar adelante los mecanismos necesarios para retirar de circulación o bloquear el material

La propuesta establece una pena de prisión que va desde los seis meses a los cuatro años de prisión para quien, según lo presentado, difunda "imágenes de desnudez total o videos de contenido sexual o erótico de una o más personas" sin el consentimiento de los protagonistas.

El proyecto fue presentado por la sanjuanina Marina Riofrío (PJ-FPV) y apunta contra la difusión de ese tipo de imágenes, aún en esos casos en que hubiera existido consentimiento de ambas partes al momento de ser tomadas.

Quienes sean condenados por este delito , al que la misma Riofrío  le da el nombre de "pornovenganza", estarán obligados a llevar adelante los mecanismos que sean necesarios para retirar de circulación o bloquear el material, a su costa y en un plazo inminente. La aclaración no es menor, hasta ahora eran las propias víctimas las que debían incurrir en gastos y gestiones, para eliminar este tipo de registros que atentaban contra su imagen y privacidad.

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