La resistencia a los antimicrobianos surge cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos. El problema hace más difícil el tratamiento de las infecciones y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades y muertes. Es uno de los 10 problemas más graves de la salud pública a nivel mundial. Hoy, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Argentina dio luz verde a un proyecto de ley que servirá de marco para que se implementen cambios para controlar mejor el problema de la resistencia a los medicamentos antimicrobianos, como los antibióticos, los antivirales, y los antiparasitarios.

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También la Comisión de Salud de Diputados trató un proyecto de ley de respuesta Integral al VIH, Hepatitis, infecciones de transmisión sexual y Tuberculosis. El próximo paso es que el proyecto se girará a la Comisión de Presupuesto de la Cámara. Ese proyecto había ingresado al Congreso en 2016 y las asociaciones relacionadas con personas viviendo con el VIH y derechos humanos han reclamado su aprobación. Se estima que más de 8.000 personas fallecieron por enfermedades asociadas con el VIH desde el momento en que el proyecto se presentó en el Poder Legislativo.

Desde 1990, en Argentina existe la Ley Nacional del Sida, una ley que fue vanguardia en su momento. Pero hoy a más de 30 años de su sanción quedó desactualizada. Si no se trata de manera urgente en el recinto, puede ser letra muerta. Además de las personas con VIH, ese proyecto de ley incluye a las 224 mil personas que viven con hepatitis C en la Argentina, a las 10 mil personas que todos los años son diagnosticadas con tuberculosis, a las 136 mil personas con VIH, a las mujeres, a personas con capacidad de gestar y a aquellas que nacieron con el virus por transmisión vertical.

Desde el inicio de la sesión de la Comisión de Salud del miércoles 6 de octubre, se empezó con el tema del proyecto de ley de resistencia a los antimicrobianos. Por el uso indiscriminado de los medicamentos tanto para salud humana como animal, los tratamientos se vuelven ineficaces cuando algunos pacientes necesitan su administración. El problema se agravó durante la pandemia.

Si el proyecto de ley de resistencia a los antimicrobianos fuera sancionado finalmente por ambas cámaras del Congreso, se deberá hacer un uso más racional de los medicamentos en los hospitales, con una mayor participación del comité de infecciones. También se obligará a que las recetas médicas incluyan el diagnóstico para el cual se está indicando un antimicrobiano. Muchas veces se indican antibióticos, pero en realidad las personas tienen una infección viral. Los fármacos antimicrobianos pasarían a venderse bajo receta archivada, como ya ocurre con otros medicamentos como los psicofármacos.

Si se sanciona la ley, las presentaciones de los medicamentos antimicrobianos deberán tener las unidades suficientes para cada tratamiento. “También se deberá aclarar en el envase que el medicamento “produce resistencia antimicrobiana”, según explicó el presidente de la comisión de Salud de Diputados, el médico Pablo Yedlin.

Además, el proyecto de ley contribuirá a fortalecer el rol de organismos públicos como el SENASA y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para que se controle más el uso de antimicrobianos en la agricultura y en los establecimientos avícolas. Esos organismos públicos podrán hacer listados sobre los medicamentos habilitados.

Con respecto a la actualización de la norma de VIH, habló la Diputada Carolina Gaillard, de Entre Ríos. La legisladora dijo que el proyecto había sido presentado en 2016 por el entonces Diputado Jorge Barretto y fue trabajado con las organizaciones civiles. “Contempla un enfoque diferente” al que había tenido la norma de hace más de 30 años, la Ley N° 23.798. “Tenía una mirada un tanto biologicista”, señaló Baillard. En cambio, el nuevo proyecto incorpora a las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual”, afirmó.

El nuevo proyecto de ley establece que las personas viviendo con esas enfermedades puedan acceder a la jubilación a los 50 años, y que puedan acceder a pensiones no contributivas cuando tienen un ingreso por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y aun teniendo un trabajo en relación de dependencia. Se busca resguardar mejor el acceso a los tratamientos.

También se declararían de interés nacional a los medicamentos, las vacunas y otros productos médicos para atender a personas con VIH, tuberculosis, hepatitis y otras infecciones, de acuerdo a la ley de Producción Pública de medicamentos. Las organizaciones civiles serán parte de la construcción de las políticas públicas relacionadas, y se incluirá el rol del promotor de salud en el sistema de salud. Se creará un fondo para financiar actividades de las organizaciones y un observatorio para documentar violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por la discriminación.

Desde las organizaciones civiles, José María Di Bello, presidente de Fundación GEP, había recordado días atrás que las organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH lograron ingresar el proyecto al Congreso por tercera vez el 25 de septiembre de 2020. Con respecto a la jubilación a los 50 años y a las pensiones no contributivas, Di Bello había señalado por qué esas medidas son necesarias: “Estos artículos son claves en el nuevo proyecto, porque a las personas con VIH les resulta muy difícil juntar los 30 años de aporte y difícilmente llegan a la edad jubilatoria, entre otras cuestiones, porque suelen ser excluidas del sistema laboral, ya que se siguen haciendo testeos de VIH en los análisis preocupacionales a pesar de que no se debe”.

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