
LUNES, 7 de octubre de 2024 (HealthDay News) -- Un programa de Wisconsin que envía a los sospechosos de delitos menores relacionados con las drogas a tratamiento en lugar de a la cárcel está dando sus frutos, muestra un estudio reciente.
Los investigadores que evaluaron la Iniciativa de Recuperación del Área de Madison (MARI, por sus siglas en inglés) encontraron que los delincuentes no violentos que recibieron una evaluación clínica y seis meses de tratamiento por uso de sustancias tenían menos probabilidades de ser arrestados, encarcelados o morir de una sobredosis en el año posterior a su arresto inicial.
"Hay muchos sectores de nuestra comunidad, más allá de los proveedores clínicos, los pacientes y las familias, que están involucrados en la adicción o que se ven afectados por ella y que están interesados en soluciones innovadoras", señaló la coautora del estudio, la Dra. Aleksandra Zgierska, profesora de ciencias de la salud pública de la Universidad Estatal de Pensilvania. "Pensamos que responder a los delitos relacionados con el consumo de drogas puede servir como un punto de intervención para facilitar el tratamiento de la adicción, que sabemos que es eficaz para mejorar la salud y las vidas y para reducir el crimen".
La idea de MARI surgió de conversaciones entre Zgierska y dos capitanes de policía de Madison sobre las formas en que las fuerzas del orden pueden ayudar a abordar la epidemia de opioides y los delitos relacionados.
"La clave fue crear prácticas policiales basadas en la evidencia y centradas en la comunidad", dijo el coautor del estudio, Joseph Balles, un capitán de policía retirado que dirigió el proyecto.
Considera el trastorno por consumo de sustancias como una enfermedad crónica que necesita un compromiso a largo plazo.
Los adultos acusados de delitos menores relacionados con el consumo de drogas son elegibles para recibir tratamiento personalizado, asesoramiento, apoyo entre pares y servicios de recuperación en lugar de arresto o enjuiciamiento.
Los cargos penales se suspenden durante el tratamiento y se eliminan para los participantes que completan el programa de seis meses.
Ya se han publicado otros documentos sobre el proyecto. Se ha convertido en un modelo para programas en todo el país y para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
"Los cargos penales que se convierten en parte del expediente de una persona y surgen en las verificaciones de antecedentes pueden afectar negativamente el acceso a recursos vitales para la recuperación, como la vivienda o el empleo", señaló la primera autora del estudio , la Dra. Jennifer Nyland, profesora asistente de ciencias neuronales y conductuales de la Universidad Estatal de Pensilvania.
Entre septiembre de 2017 y agosto de 2020, 263 personas se inscribieron en el programa. De ellos, 103 participaron en el programa, 100 lo completaron con éxito y 60 no.
En comparación con los participantes que completaron el programa, los que fracasaron tenían 3.6 veces más probabilidades de ser arrestados y 21 veces más probabilidades de ser encarcelados dentro de los 12 meses. Los que no lo hicieron tenían 3.9 veces más probabilidades de ser arrestados y 10.3 veces más probabilidades de ser encarcelados, según el estudio.
Un año después, el 5.8 por ciento de los participantes que no se involucraron y el 3.3 por ciento de los que comenzaron pero no terminaron la MARI sufrieron una sobredosis fatal. Eso en comparación con el 2% de los que terminaron el programa.
Las que no se involucraron tenían más probabilidades de ser mujeres, tener antecedentes penales extensos y carecer de vivienda permanente.
Los hallazgos aparecen en la edición de octubre de la revista Journal of Substance Use and Addiction Treatment.
"Cuando lees las evaluaciones, la gente a menudo expresa el sentimiento de que: 'No puedo creer que haya sido la aplicación de la ley la que me introdujo en la recuperación'. Eso es de lo que estoy más orgulloso", dijo Balles en un comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Pensilvania.
Más información
Obtén más información sobre el tratamiento para la discriminación por consumo de sustanciasen la Clínica Cleveland.
FUENTE: Penn State, comunicado de prensa, 3 de octubre de 2024
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