Varias semanas más tarde del desalojo frustrado de una propiedad particular que dos comunidades mapuches usurpan desde 2011, el gobierno neuquino desacreditó las críticas por no aportar efectivos para ejecutar la medida y aseguró que no estaban las garantías necesarias para ejecutar la medida.
El allanamiento fue planificado en febrero e iba a ejecutarse el 30 de marzo. La Justicia envió una comitiva de oficiales desde la capital provincial más numerosa que la cantidad de policías para concretar el desalojo.
Autoridades de la policía provincial dijeron que desconocían la orden judicial y que el gobierno que conduce Rolando Figueroa envió el grueso de efectivos policiales a Centenario, donde se realizó la segunda fecha del calendario anual del turismo de carretera.
Los oficiales de Justicia, instalados en la villa turística, recorrieron 35 kilómetros en dirección a Bariloche para acompañar a los representantes de la querella en una constatación. Si los usurpadores no estaban, tomarían posesión de la propiedad y la restituirían a la denunciante.
Al arribar al predio en litigio fueron recibidos por Lucas Melo, líder de una de las dos comunidades que se instaló en el lugar, quien ya estaba al tanto de la orden de desalojo. “Sabía que no se iba a realizar, me lo informó el viernes el gobernador”, dijo el mapuche, confiado en que la comitiva judicial no estaba allí para concretar el desalojo.
Ahora el gobierno neuquino salió a desligar responsabilidad en el fracaso de la diligencia. Desmintió que quitó apoyo de la fuerza provincial y atribuyó el obstáculo a la falta de garantías para cumplimentar la medida. Para la Justicia, en cambio, estaban las condiciones dadas para ejecutarlo.
El conflicto comenzó a fines de 2011 y fue denunciado en el inicio del año siguiente. La propietaria del campo denunció que una comunidad mapuche – a la que luego se acopló otra– ingresó a su propiedad, cambió los candados en la tranquera de acceso y tomó posesión del predio de 600 hectáreas, en una zona conocida como El Pedregoso.
Los intrusos fundamentaron la irrupción en una supuesta reivindicación territorial, aunque en más de 14 años de recorrido judicial, no pudieron documentar la presunta preexistencia allí.
Fallaron, en distintos tribunales, más de 15 jueces que certificaron el ingreso mapuche a la propiedad de María Broers, la dueña quien sí exhibió la documentación que demuestra ser la propietaria de las tierras.
En 2016 un juzgado de primera instancia confirmó el delito de usurpación, fue ratificado en instancias apelativas y en 2018 el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén terminó por confirmarlo.
Días atrás la asociación civil Consenso Patagonia mencionó el caso como uno de los más graves en materia de usurpaciones. Su director ejecutivo, Juan Trebino, aseguró que la provincia petrolera es la que más conflictos similares arrastra, por falta de resolución de los conflictos territoriales. “Están los fallos, pero no se ejecuta lo que ordenan” aseguró.
El ejecutivo provincial desacreditó la acusación de los demandantes y mencionó que “faltaban elementos para activar el protocolo de desalojos, previsto en la normativa provincial”.
Voceros del gobierno mencionaron a distintos organismos que deberían haber sido convocados para poder ejecutar el desalojo, entre los que figuran autoridades de minoridad, bomberos, ambulancia y migraciones, entre otros.“Cuando se ordena el operativo, la Policía consideró que no estaban dadas las condiciones en función de ese protocolo” aseguraron fuentes del poder político neuquino.
En Villa la Angostura existen otros conflictos similares, que tienen sentencia firme aunque no se concretan, como la usurpación del camping Correntoso y el asentamiento ilegal que entorpece la ejecución de la ruta de Circunvalación, entre otros.